Las venas están dañadas. El huachicol, en todas sus vertientes, tiene en jaque la gobernabilidad. Es la causa de las principales tensiones internas en el gabinete entre áreas federales, económicas y políticas. Horada aduanas, lastima las finanzas públicas. Es el factor central de la violencia criminal extendida a la violencia política-electoral. La sobrevivencia de empresas, de comercios, de servicios está impactada por el huachicol. El ejercicio de la política está sometido por los huachicoleros, en distintos eslabones, que corrompen a candidatos, gobernantes, legisladores y jueces.
El robo de combustible es histórico en México. Pero la modalidad actual es un delito refinado en el periodo de la 4T. La importación libre de gasolinas, una herencia de la reforma energética de Enrique Peña, no fue revertida por la contrarreforma morenista. Las mieles de ese negocio pasaron a criminales.
El gobierno federal actual intenta contener el precio de la gasolina en 24 pesos en un mercado distorsionado. No desaparece el IEPS de la gasolina, que en 2024 recaudó 628 mil millones para las arcas gubernamentales, y la demanda de gasolina barata desquicia. Hay estimaciones de que entre 26 y 30 por ciento del combustible que se vende en México es producto de robo ofrecido por debajo de los 20 pesos.
Cuando la presidenta de la República instó a importadores de gasolina y a expendedores a bajar el precio, algunos le reclamaron que primero controlara el robo proveniente de EU. Entre marzo y abril, con algunos decomisos operados, las empresas que introducen legalmente gasolina y el propio Pemex incrementaron sus ventas. No parece tan difícil, pero es enorme la resistencia interna en el gobierno y sus instituciones.
El huachicol fiscal (la alteración de documentación para importar el combustible sin pago de impuestos) inicia con una compra legal en el mercado estadounidense pero con una introducción ilegal en terminales marítimas o cruces fronterizos mexicanos. Primero fue una estafa de empresarios de cuello blanco, quienes pasaron de pagar un derecho de piso al crimen organizado (en complicidad con funcionarios gubernamentales), a ser sus empleados en el negocio.
El delito es de ida y vuelta. Así como llega combustible refinado a México, las mafias mexicanas venden crudo robado a refinerías estadounidenses… que después retornará como gasolina ilegal. Por las mismas venas. El reciente golpe del Departamento del Tesoro de EU lo confirmó.
Entre 2019 y 2024, el huachicol fiscal pudo haber sumado 554 mil 750 millones de pesos. (Reforma, 5/05/2025).
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La violencia criminal en una quincena de estados del país es por huachicoleo. Un delito que comienza por control territorial y político. En el caso de la ordeña, el piquete de ductos, que en tiempos de Peña Nieto se expandió, las comunidades están dominadas por criminales; también en la distribución y comercio. Implica control de compañías de transporte, operadores y de rutas.
La gasolina robada que se expende es de pésima calidad. A su traslado en pipas viejas e inadecuadas y almacenamiento en contenedores en mal estado se añaden la adulteración con solventes o aceites que acrecientan el volumen del producto para dar mayores ganancias a los ladrones. El efecto es demoledor para autos y camiones y desde luego para el ambiente en las ciudades altamente contaminadas como Guadalajara, Monterrey y la CDMX.
Es hoy el huachicol la daga en el cuello. Que saquea las venas abiertas y pone en jaque la gobernabilidad.
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“Como la sota moza, Patria mía, en piso de metal, vives al día, de milagros, como la lotería”. (“La Suave Patria”. Ramón López Velarde).