LA GOBERNADORA DE de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, enfrenta una grave crisis política y financiera.
Su situación se agravó por la reciente revocación de su visa estadounidense y por las crecientes acusaciones sobre su presunta vinculación con el crimen organizado.
A esto se suman preocupaciones severas sobre el manejo de las finanzas estatales, que colocan a su administración como una de las más cuestionadas en la historia reciente del estado.
Tanto la mandataria morenista como su esposo, Carlos Torres Torres, son objeto de una investigación por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, que encabeza Marco Rubio.
Dicha pesquisa vincula a funcionarios estatales con el grupo criminal Los Rusos, una facción del Cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
La investigación incluiría, además, a empresarios locales y funcionarios federales que habrían facilitado esquemas de lavado de dinero y financiamiento ilícito.
Agregue también acusaciones por presunto tráfico de huachicol fiscal a través de las aduanas de Mexicali y Tecate controladas por su cuñado, Luis Torres, en complicidad con el director de Aduanas Fronterizas de la Agencia Nacional de Aduanas, Ernesto Vadillo Trueba.
En paralelo, el estado arrastra una crisis financiera sin precedentes. Al cierre de 2024, la deuda pública alcanzó los 22 mil 700 millones de pesos, con un incremento de 31.2% respecto al inicio del sexenio.
Parte de esta deuda se encuentra ya judicializada o en fase litigiosa, lo que evidencia una administración financiera desordenada y presuntamente negligente.
Uno de los casos más alarmantes es el adeudo superior a mil millones de pesos con Banco Afirme, de Julio Villarreal, correspondiente a un solo crédito garantizado por un fideicomiso que afecta directamente las participaciones federales del estado.
Este esquema de financiamiento ha sido duramente criticado por expertos y actores políticos debido al riesgo que representa para la estabilidad financiera del estado.
Además, existen múltiples litigios por pagos no cumplidos, entre ellos los relacionados con el suministro de energía eléctrica, en los que diversas concesionarias y proveedores han iniciado procedimientos legales para exigir los pagos pendientes.
Se estima que los montos registrados en ese rubro por la Secretaría de Hacienda del estado, a cargo de Marco Antonio Moreno, superan varios cientos de millones de pesos.
Estas irregularidades han desencadenado acciones judiciales en curso e incluso la posibilidad de denuncias penales contra funcionarios estatales por su posible responsabilidad en la mala administración de recursos públicos.
Todo esto se agrega a una creciente presión para que la gobernadora solicite licencia o renuncie, antes de enfrentar una destitución o mayores consecuencias legales.
La gobernadora ha minimizado la revocación de su visa, calificándola como una “medida administrativa”, mientras que el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha solicitado una explicación formal a Washington.
Sin embargo, para analistas políticos y medios independientes, este es solo el inicio de una cadena de escándalos que podrían extenderse a otros niveles del gobierno federal y estatal.
En medio de esta tormenta, la ciudadanía observa con creciente escepticismo y preocupación, mientras Baja California se adentra en un incierto escenario político y financiero.
TÓMELO CON RESERVAS: En Pemex corre el rumor que quien podría regresar, pero ahora a la dirección general, es ni más ni menos que Miguel Ángel Lozada. Se trata del ex director de Pemex Exploración de Producción (PEP) que salió en diciembre de 2019 tras verse implicado en la llamada Estafa Maestra. Para nadie era un secreto que, a pesar de su defenestración pública, Andrés Manuel López Obrador y Octavio Romero siempre mantuvieron a Lozada como el poder tras el trono, tanto, que su principal pupilo, Ángel Cid, ocupó su lugar. Ahora éste, Cid, acaba de regresar a esa misma posición relevando a Néstor Martínez. Lozada sería la confirmación de que Romero Oropeza está retomando el control de Pemex ante la incompetencia de Víctor Rodríguez Padilla y su equipo, sobre todo, para elevar la producción diaria de petróleo, actividad en la que Lozada, pese a todo, supo dar buenos resultados.
HABLANDO DE PEMEX: dos candidatos a ocupar la subsecretaría de Hacienda que dejó vacante Edgar Amador, trabajan a contrarreloj para dejar a punto en el banco que dirige otro candidato a ocupar la silla del ahora titular de las finanzas públicas del país, un multimillonario fideicomiso para solucionar el desastre financiero que Octavio Romero dejó en la principal empresa del Estado. Se trata de la titular de la Unidad de Crédito Público, Maricarmen Bonilla; del jefe de la Oficina de Coordinación del Secretario, Roberto Lazzeri, y el director de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez. La instrucción que tienen los dos primeros es constituir con el tercero un vehículo para liquidar 506 mil 153 millones de pesos que al cierre de 2024 se debían a cientos de proveedores. El fideicomiso tendría que estar listo a más tardar el próximo 30 de septiembre.
OTRO DESASTRE FINANCIERO, materializado también en adeudos con proveedores, es el que heredó el tabasqueño Juan Ferrer, quien dicho sea de paso algún sesudo político de la 4T lo impulsó para embajador de México ante la Unesco. Estamos hablando de unos 13 mil millones de pesos que el antropólogo como director del desaparecido Insabi nunca pagó a decenas de farmacéuticas mexicanas agrupadas, principalmente, en la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, el gremio que preside Luis Verduzco y dirige Juan de Villafranca. No transitó la negociación para que parte de ese pasivo que ahora tiene el IMSS Bienestar de Alejandro Svarch fuera liquidado con caja del IMSS, que comanda Zoé Robledo. El asunto ya pasó a la ventanilla de la Secretaría de Hacienda, pero la dependencia de Edgar Amador no suelta dinero.
LA SECRETARÍA DE Educación Pública, que encabeza Mario Delgado, delegó a partir de este mes de mayo la organización total de sus eventos institucionales para 2025 a la empresa Losemex Tent por un monto que ronda los 300 millones de pesos. La firma que representa legalmente Porfirio Ramírez Vega es una alquiladora de vajillas y servicios para fiestas familiares, pero desde la llegada del gobierno de la 4T en 2018, ésta se ha colocado como una de las contratistas recurrentes del sector público en estos servicios. En especial, la compañía se convirtió en uno de los proveedores favoritos de eventos para la Guardia Nacional y, en su momento, para el gobierno interino de Martí Batres en la CDMX.