En Veracruz, la violencia política y las divisiones entre los morenistas apuntan a que las elecciones del próximo domingo no serán un “día de campo”. Además de las diversas posiciones del Poder Judicial, en la entidad se vota por renovar a los gobiernos municipales y los integrantes del congreso estatal, en un escenario en el que la gobernadora Rocío Nahle no ha podido tomar las riendas del estado en su totalidad.
La exsecretaria de Energía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tratado de alinearse a la nueva titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum, para recibir un respaldo que le permita controlar a los grupos rebeldes locales, pero en Palacio Nacional no terminan de aprobar la persecución, al parecer justificada, contra el exgobernador Cuitláhuac García, quien ahora se encuentra al frente del Cenagas.
Recientemente la Presidenta defendió en su conferencia matutina la reputación del exmandatario veracruzano, luego de que Nahle denunciara a su antecesor por un posible desfalco de mil 600 millones de pesos en la Secretaría de Salud. Los elementos de la denuncia son bastante serios, pero Sheinbaum sigue sin aceptar que se cargue una mancha a la marca Morena y mucho menos a su padrino político, el expresidente López Obrador.
El problema es que no sólo los grupos locales quieren meter mano en territorio veracruzano. El senador Adán Augusto López también quiere meter la mano en el estado, el cual busca tener bajo su influencia, en especial porque ahí está avecindado su operador financiero por excelencia, el empresario Fernando Padilla, del que con anterioridad le he dado varias referencias en este espacio.
El grupo de Adán Augusto ya ha dejado ver la apuesta que tiene desde hace meses para el futuro de Veracruz: se trata de una alianza con la familia Yunes para pelear por la gubernatura del estado en cinco años, con el expanista Miguel Angel Yunes Márquez como candidato, pero pintado de guinda y representando en la boleta al partido Morena.
Precisamente ese plan fue el que derivó en una revuelta al interior de Morena, ya que la propia gobernadora Rocío Nahle puso el grito en el cielo cuando se enteró de la idea de incorporar a Yunes Márquez al partido. En esa lucha sí la apoyó Sheinbaum, quien instruyó a la lideresa nacional, Luisa María Alcalde, a evitar la afiliación del expanista.
De todas formas, las estructuras de la familia Yunes ya se mueven en territorio jarocho de la mano del morenismo, aun contra la voluntad de la mandataria estatal. Con los recursos de Fernando Padilla y otros empresarios no solo se impulsa a los Yunes hacia el gobierno del estado, sino que dicen estar aceitando una estructura para llevar, ahora sí, a Adán Augusto López a la Presidencia en el 2030.
La ruptura interna en Veracruz pone en riesgo el control de una estructura electoral morenista de casi 1.6 millones de votos, la segunda más grande de las 32 entidades del país, sólo superada por la del Estado de México, que alcanza los 2 millones de sufragios. Tales votos agrupados serían suficientes para impulsar el próximo domingo a cualquier perfil hacia la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero pulverizados son un desperdicio.
A todo este complicado escenario se suma la creciente penetración de los grupos criminales, que han puesto bajo fuego la elección en el estado con el asesinato de un par de candidatos ligados a Morena. Veracruz es una joya electoral que este fin de semana podría inclinar la balanza; desafortunadamente para Palacio Nacional, ésta no se encuentra bajo el control de Rocío Nahle.
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A propósito de los Yunes, vaya balconeada la que les han dado estos días en las redes sociales y medios de comunicación por su lujoso viaje a Madrid, España, donde viven o pasan largas temporadas los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, y a donde al parecer se quiere ir a vivir como ciudadana la esposa del expresidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller.
En varios lugares de lujo de la capital española han sido fotografiados o videograbados el senador Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, recientemente expulsados del PAN tras votar a favor de la Reforma Judicial, lo que permitió su aprobación en el Senado de la República.
Ya sea en la exclusiva bodega de vinos The Library, en el exclusivo restaurante francés Saint James o en la lujosa casa de moda española Loewe, perteneciente al holding francés LVMH, los Yunes se han dejado ver sin empacho en Madrid, o más bien con la impunidad y el poder que les otorgó su alianza con el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, y con el partido, aunque haya militantes que no los quieran, como Rocío Nahle.
Por si fuera poco, a los Yunes se les vio con dos empresarios veracruzanos que fueron contratistas de los Yunes y también el gobierno de Cuitláhuac García; se trata de José Ricardo Medina Hernández y Román Corrons Chávez. ¿Algo qué investigar en la capital veracruzana o en el gobierno federal? ¿Regresarán a votar el domingo en sus distritos para la elección judicial o, como muchos mexicanos, creen que es un fraude?
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Hablando de la elección judicial de este domingo, sigue creciendo la expectativa sobre quién será la próxima presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La mayoría de las encuestas centran la contienda en dos de las ministras más cercanas al movimiento de la 4T. Una de ellas es Lenia Batres, quien, pese a que tiene el apoyo de los integrantes radicales, en Morena no están convencidos de su llegada a la presidencia del máximo tribunal de justicia del país. Ni qué decir de los empresarios y otros grupos de poder, los cuales consideran que sería un grave error permitir que Batres, quien ha demostrado muchas deficiencias en el entendimiento de cómo funciona la Corte y muchos antagonismos con hombres y mujeres de negocios, se convierta en la nueva presidenta.
Por el contrario, la mayoría de los grupos empresariales ven con buenos ojos a su principal competidora, la ministra Yasmín Esquivel, a quien consideran menos radical, además de que ha participado en varias reuniones con diferentes sectores económicos.
La diferencia entre el apoyo empresarial y de otros sectores es que a Yasmín Esquivel le ven muchas más tablas que a Lenia Batres, sobre todo porque es considerada una abogada de carrera judicial, mientras que Batres ha estado vinculada a escándalos y movimientos políticos radicales, al haber sido miembro del Partido Socialista Unificado de México y participar en organizaciones sociales como la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores, la Unión Nacional de Jóvenes y el Consejo Estudiantil Universitario.
El caballo negro podría ser Loretta Ortíz, quien asegura a quien la quiera escuchar que tiene el respaldo del secretario de Organización de Morena, Andy López Beltrán.
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Y sobre este mismo tema, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, descartó que la reforma judicial preocupe al gobierno de Estados Unidos, que esperará hasta su implementación para emitir una opinión. ¿Será que esa es la postura de la administración de Donald Trump?
Durante su participación en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2025 de BBVA, Ebrard comentó que no es un tema que se haya puesto sobre la mesa en las conversaciones bilaterales entre los gobiernos, por lo que en todo caso el gobierno de Estados Unidos evaluará la reforma judicial en función de sus resultados.
El secretario de Economía agregó que no es la intención de Estados Unidos tener injerencia en la elección del domingo, ni meterse en el debate, sino ejercer una visión pragmática: “a ver si funciona”.
Digan lo que digan, es un hecho que el gobierno de Trump ve con preocupación la reforma judicial y la potencial debilidad del Estado de Derecho en México. Y sobre todo que el crimen organizado se infiltre –aún más– en la procuración de justicia del país.