La administración del expresidente Donald Trump habría comenzado a bloquear el ingreso a Estados Unidos de políticos mexicanos, a quienes agencias de inteligencia y seguridad estadounidenses vinculan con el narcotráfico, reveló una investigación publicada por ProPublica.
Al menos dos políticos mexicanos ya habrían sido notificados de la cancelación de sus visas. Entre ellos se encuentra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien confirmó públicamente que el Departamento de Estado revocó su visa y la de su esposo, un exdiputado federal, por una “situación” relacionada con él.
La medida forma parte de un plan más amplio, impulsado desde la Casa Blanca, que busca sancionar a decenas de funcionarios mexicanos supuestamente ligados a redes criminales. Entre los nombres en la lista figuran gobernadores estatales, figuras cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador y líderes del partido Morena, hoy en el poder con la presidenta Claudia Sheinbaum, según funcionarios estadounidenses citados bajo condición de anonimato.
La administración Trump planea acompañar estas acciones con sanciones del Departamento del Tesoro, que podrían implicar el congelamiento de cuentas bancarias y la prohibición de hacer negocios con empresas estadounidenses. Hasta el momento no se ha confirmado la aplicación de sanciones económicas, y Marina del Pilar Ávila declaró no tener cuentas en Estados Unidos.
Además de Ávila, se ha reportado extraoficialmente que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, también habría perdido su visa, aunque su vocero negó que exista una notificación formal. En otro caso, el alcalde de Matamoros fue impedido de cruzar a Texas, pero también negó haber sido sancionado.
Las acciones se basan en la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE.UU., que permite negar el ingreso a personas que “hayan ayudado o colaborado conscientemente” con el tráfico ilícito de drogas. También se puede aplicar a familiares que se hayan beneficiado de esas actividades.
El equipo que dirige estas medidas opera desde la Casa Blanca bajo la coordinación de Anthony Salisbury, asesor adjunto de seguridad interior, y Stephen Miller, subjefe de gabinete, y se apoyó en una lista elaborada por la DEA en 2019, que incluye a aproximadamente 35 funcionarios mexicanos investigados por presuntos nexos con el narco.
La lista habría sido elaborada luego de que el gobierno de López Obrador redujera la cooperación con Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico, y tiene antecedentes en casos como el de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad condenado por narcotráfico en Nueva York en 2023.
Funcionarios actuales y retirados de EE.UU. advirtieron sobre los riesgos de aplicar sanciones sin pruebas sólidas, ya que los estándares para retirar visas o imponer sanciones financieras son más bajos que los requeridos en un juicio penal.
Sheinbaum niega la existencia de la “lista de Marco” y acusa campaña de desinformación
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este jueves la veracidad de la llamada “lista de Marco”, en la que presuntamente se vincula a gobernadores, legisladores y otros políticos de Morena con el narcotráfico. Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó el documento como “rumores” y señaló que se trata de una estrategia de desinformación atribuida a sectores de la oposición.
Sheinbaum pidió a los medios de comunicación mexicanos que actúen con responsabilidad y eviten difundir información sin sustento. “Tiene que haber responsabilidad en la información… siempre se tiene que ser responsable en la información que se da, tiene que haber una fuente”, expresó.
La presidenta hizo un llamado a la ciudadanía para verificar cualquier información que circule en medios o redes sociales, y defendió la sección de su conferencia dedicada a desmentir noticias falsas. Afirmó que es una herramienta necesaria frente a quienes “utilizan la mentira como forma de análisis” y reiteró que en este caso no hay ningún respaldo oficial que confirme la existencia de dicha lista.