La Corte del Distrito Sur de Texas iniciará el 29 de mayo el proceso judicial contra James Lael Jensen, su esposa Kelly Anne y sus hijos Maxwell y Zachary, acusados por la Fiscalía de Estados Unidos de haber introducido más de 2 mil 880 cargamentos de petróleo robado entre 2022 y 2025, presuntamente extraído de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Según el expediente, el hidrocarburo era etiquetado falsamente como “aceite usado” para eludir controles aduanales, transportado a Estados Unidos y vendido a empresas industriales mediante un esquema en el que Arroyo Terminals fungía como fachada. También se utilizaban firmas como Jentran LLC, Big Hog Energy y otras vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para concretar los acuerdos comerciales.
Las autoridades estadounidenses estiman que las ganancias ilegales alcanzaron los 47 millones de dólares, fondos que posteriormente habrían sido transferidos a empresas mexicanas ligadas al CJNG. La acusación sostiene que la familia Jensen conspiró conscientemente para brindar apoyo material y financiero a esta organización, la cual fue designada como grupo terrorista extranjero por el gobierno de Estados Unidos el pasado 20 de febrero.
El 23 de abril, agentes federales arrestaron a los Jensen en su residencia en Utah, una mansión valuada en 9.2 millones de dólares, y realizaron un operativo en las instalaciones de Arroyo Terminals. Enfrentan cargos por apoyo a una organización terrorista, tráfico ilegal de combustible y conspiración para lavado de dinero, delitos que podrían implicar penas de hasta 20 años de prisión y multas que sumarían 530 millones de dólares.
Maxwell Jensen permanece en custodia sin derecho a fianza por riesgo de fuga, mientras que James, Kelly y Zachary Jensen fueron liberados bajo fianza, pese a las preocupaciones sobre sus recursos económicos en el extranjero. La familia se ha declarado no culpable.
El juicio está programado para iniciar el 16 de junio de 2025, también en la Corte del Distrito Sur de Texas.
El caso se enmarca en un contexto más amplio de contrabando de combustibles en México, donde el llamado “huachicol fiscal” ha crecido a través de facturación simulada y redes político-empresariales, según diversas investigaciones. Este fenómeno se remonta a figuras como Sergio Carmona Angulo, “El Rey del Huachicol”, asesinado en 2021, quien operaba mediante importaciones ilegales por la frontera norte con documentación falsificada.
