HACE UNOS MESES, una jueza ordenó a Netflix eliminar escenas de la serie de Luis Miguel por supuestamente violar la intimidad de Issabela Camil, basándose en una interpretación de la Ley Olimpia.
Pero esta medida, a decir de abogados de Netflix, no es la defensa de un derecho legítimo, sino el uso faccioso del sistema judicial para extorsionar a la famosa plataforma de streaming que fundó Reed Hastings.
Dicen que el fondo del asunto es simple: una obra de ficción no viola la intimidad sexual. La Ley Olimpia nació para proteger a las mujeres de la violencia digital, como la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.
Pero no para censurar representaciones ficticias en una serie basada, sí, en hechos reales, pero con elementos dramatizados, como las que co produjo MGM, el gigante propiedad de Amazon.
Aseguran que la actriz Camila Sodi interpreta a un personaje, pero en ningún momento la serie sugiere que se trate de Issabela Camil en la vida real. “No hay engaño, ni simulación, ni uso de contenido íntimo real”.
La productora Gato Grande, de Carla González Vargas, Miguel Alemán Magnani, Antonio Cué Sánchez Navarro y José Luis Ramírez Magnani no habría vulnerado el bien jurídico tutelado por la ley: la intimidad sexual.
Más grave aún es que la orden judicial se dirige a Netflix México, una entidad legal autónoma que no administra la plataforma, ni tiene control sobre los contenidos que se muestran y que representa aquí Francisco Ramos.
La plataforma pertenece a Netflix Inc., con sede en California, Estados Unidos, co dirigida por Ted Sarandos y Greg Peters, donde existe una robusta protección a la libertad de expresión.
Por tanto, la orden es de imposible cumplimiento y refleja una ignorancia jurídica preocupante por parte de las autoridades, o lo que es peor: esa perversidad que los inversionistas extranjeros temen se agudice con la Reforma al Poder Judicial.
“Lo que estamos viendo, en realidad, es una versión más de la típica y nociva práctica del `paracaidismo´ en México, donde alguien identifica un terreno y utiliza la fuerza para apropiárselo”, dicen.
Figuras públicas como Sergio Mayer están utilizando recursos judiciales e influencias políticas para presionar a una exitosa producción audiovisual y a la empresa que la distribuye.
Se trata de una acción disfrazada de legalidad, pero a juicio de la compañía que recientemente anunció en Palacio Nacional una inversión de mil millones de dólares en los próximos tres años, es un ataque a la libertad de expresión y el Estado de Derecho.
Es probable que Mayer se haya enojado por la historia que proyecta la serie, o que Issabela Camil se moleste por cómo se presentan pasajes de su historia afectiva con Luis Miguel.
Por lo pronto la actriz y modelo y su marido se anotaron un tanto a su favor en este pleito: lograron que la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, ordenara a Netflix retirar las escenas.
Pero la plataforma no lo ha hecho aún.
EL DIRECTOR DE Pemex ha comenzado a tener reuniones privadas con algunas de las empresas nacionales e internacionales que pudieran estar interesadas en los contratos mixtos. A la secretaria de Energía, Luz Elena González, cada día le preocupa más el escenario de los meses por venir. De ahí que la instrucción que dio fue que adelantaran la tarea de “socializar” el contenido de los contratos para conocer el apetito de las compañías y motivarlas a que participen en esta nueva modalidad que permite la Reforma Energética. En la misma lógica se pidió a Víctor Rodríguez Padilla que facilite el avance de los trabajos de los contratos que ya existen, tanto de servicios como integrales de servicios, mejor conocidos como CSIEE, tanto de crudo como de gas. Las reacciones que han tenido de parte de quienes han visto los contratos mixtos preliminares es que las estimaciones de rentabilidad requieren una adaptación puntual, dependiendo del tipo de campo y complejidad, pues no es lo mismo un campo marino de aguas someras que un campo terrestre y, menos aún, un campo de aguas profundas. Los niveles de inversión en tecnología, operación y requerimientos técnicos obligan a que las empresas corran más o menos riesgos. Otro aspecto que preocupa es si estos contratos mixtos serán adjudicados de manera directa y discrecional o pasarán por un proceso de licitación abierta, y si hay empresas nacionales favoritas, como Diavaz, GSMBronco, Grupo México, La Latina, Jaguar, Marinsa, Cotemar, entre otras. Y el primer ajuste se está dando en Pemex Exploración y Producción, donde sale su director, Néstor Martínez, y regresa Ángel Cid.
HUMO BLANCO. Y no tiene que ver con la elección del nuevo Papa. Se trata del acuerdo que en la víspera alcanzó el gobierno del segundo piso de la 4T con las principales líneas de cruceros turísticos. La mejor noticia del Tianguis Turístico, que llegó a su fin ayer en Rosarito, Baja California, no se dio ahí, sino que probablemente se oficializará en la CDMX en las próximas horas o días. La Secretaría de Hacienda, que comanda Edgar Amador, aceptó la propuesta de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA), que dirige Michele Paige, y la aplicación de cobro del llamado Derecho de No Residente (DNR) de 21 dólares por turista será gradual en los próximos tres años y medio, y no en los dos y medio que quería la autoridad. Así, se empezará con 5 dólares el próximo 1 de julio para irlo escalando, primero a 10, luego a 15 y finalmente a 21 dólares hacia noviembre de 2028. Al final el gobierno de Claudia Sheinbaum no cambió lo más por lo menos y líneas como Carnival y Royal Caribbean, que presiden Josh Weinstein y Michael Bayley, respectivamente y que concentran cerca de 70% del mercado global, no cancelarán itinerarios y apoyarán al Plan México y el programa Hecho en México. Hay que reconocerle a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, y a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, su mano izquierda para negociar y lograr este buen acuerdo.
LA CÁMARA NACIONAL de la Industria de la Transformación (Canacintra) fue condenada a pagar la friolera de mil 698 millones 338 mil pesos por concepto de gastos y costas al despacho que patrocinó a AHMSA de un juicio que caducó iniciado por el gremio que preside Esperanza Ortega en contra de la empresa acerera, en la que reclamaba 8 mil 491 millones 691 pesos de pago de honorarios por la atención de la sindicatura de la suspensión de pagos de AHMSA y que dicho juicio terminó con convenio de pagos a los acreedores en el año 2017. Los honorarios reclamados fueron pagados por AHMSA a través del delegado de la sindicatura que designó Canacintra y ésta no tenía nada que reclamar. La cámara está a punto de ser embargada para garantizar el pago de dicho adeudo. La sentencia quedó firme por el Juez Segundo de lo Civil de la Ciudad de Monclova, Coahuila. El despacho titular de esos gastos y costas es Guerra González y Asociados quien también patrocinó en aquellos momentos la terminación de la suspensión de pagos de AHMSA.
