Para que me entiendan, decirles que no sé si llamarles las cuentas del gran capitán o las de la lechera (esa lechera que ya se había inventado a sí misma una historia de todo lo que compraría con la venta de la leche y que, dado que antes de venderla se le derrama, al final no cobra nada). Lo digo porque así es como pinta la sentencia dictada en Estados Unidos en contra de García Luna y su esposa. Un cobro de dinero que, por lo exorbitante, será imposible de cobrar, menos aún de repartir o reembolsar a los afectados, siendo uno de ellos México como nación.
Sí, la Corte de Miami dio a conocer las sentencias en contra de García Luna y de su esposa: el pago de 748 millones de dólares y de 1,740 millones de dólares, respectivamente. Cantidades que deberán pagar a Estados Unidos para que, a su vez, ese país las paguen al nuestro por desviar fondos del gobierno mexicano mediante contratos ilegales. Estas sentencias nada tienen que ver con la acusación por los delitos relacionados con el narcotráfico, los cuales el ex secretario de Seguridad federal mexicano también enfrenta en aquel otro país.
La razón por la que este caso se litigó en Miami es porque ahí -de acuerdo al veredicto- se “lavó” el referido dinero y fue ahí también donde el ex funcionario y su pareja compraron propiedades inmobiliarias de diverso tipo.
La buena noticia es que al ser el demandante el gobierno mexicano, se supone que el resarcimiento del dinero será para México. La mala noticia es que como las propiedades están en territorio estadounidense, suponiendo que se vendan todas, primero tendrán que pagar impuestos en ese país.
Existe la posibilidad de que de las transferencias de dinero que hicieron de México hacia las cuentas de García Luna y su esposa, no todo sea por sobrecostos o por desviar fondos del gobierno mexicano. Mientras lo investigan y determinan, ese dinero estará en la congeladora. No se olvide, aquí se están dictando las causas civiles; faltan las penales, las cuales también requerirán se congele el dinero. Pero los morenistas parecen no entenderlo y ya están de plácemes pensando en qué gastarlo.
Si bien el desfalco que sufrió el gobierno mexicano fue por una tercera parte del monto que la justicia estadounidense pide se resarza, con base en la ‘Ley Rico’ es que la jueza determina una sentencia tres veces el monto de lo que se ha logrado demostrar por cuanto a malversación. El titular de la UIF de la Hacienda mexicana, Pablo Gómez, afirmó que Genaro García Luna tendrá que pagar al Estado mexicano tres veces los 250 millones de dólares que le fueron demandados. Y dos veces los 580 millones que la UIF presentó en la demanda en contra de la esposa de Genaro García Luna, la cifra asciende a los mil 740 millones de dólares.
De ahí que hay otra mala noticia para México: esta sentencia que determinó el sistema de justicia gringo es relativamente fácil impugnarla pues nadie está obligado a lo imposible o, como es el caso, a pagar lo que no se tiene. Por ello es previsible que el resarcimiento económico termine como tantas otras veces: México no viendo mucho de ello.
Lo que suceda con el dinero, suponiendo se pueda recuperar, tendrá también otras implicaciones. Primero por cuanto a la relación binacional entre Estados Unidos y México. Si esta sentencia se mantiene, ¿cómo impactará en otros políticos mexicanos que llevaron su dinero a los Estados Unidos? Segundo, porque si bien en este caso el demandante es el gobierno mexicano, se abre la puerta a que, si allá demuestran que se trata de malversación de fondos, también pueda el gobierno estadounidense solicitar recibir parte de ese dinero. También puede optar por confiscar propiedades…
¿Será por ello que no pocos políticos mexicanos están vendiendo las casas y departamentos que tienen en Estados Unidos?
De lo que se obtenga en aquel país a partir de éste u otros juicios relacionados con figuras mexicanas, ¿cuánto regresará a nuestro país? ¿cuánto se quedará allá? Ya sea por tramitología, impugnaciones, otros juicios, impuestos y demás.
Se dice que el dinero no tiene patria. En este caso parece que la justicia es la que no tiene patria y que, si bien se tuvo que realizar en nuestro país vecino el juicio porque allá están los bienes inmuebles, es también una razón que será esgrimida por otras autoridades estadounidenses para que el dinero no salga de Estados Unidos.