Viajé a Miami unos días antes de esa fecha. No quería perderme un minuto del proceso legal donde se iba a demostrar, creía yo, lo que he investigado desde 2012 y publiqué en mi libro Los millonarios de la guerra: que García Luna y sus socios armaron un entramado de empresas en Miami y gastaron allí millones de dólares que consiguieron en México, en contratos de gobierno. Invirtieron el dinero en coches, relojes, casas, apartamentos y hasta un avión. El juicio programado para abril tampoco ocurrió. La defensa de los Weinberg anunció discretamente que seguían negociando un acuerdo.
Un día antes de ese juicio que no comenzó hubo una sentencia en firme contra Francisco Niembro, un excolaborador de García Luna en el gobierno de Felipe Calderón. La jueza determinó que Niembro debe pagar 330 mil dólares por haber participado en el esquema de corrupción. Y esa misma semana, la jueza convocó a una audiencia pública. La cita era este jueves, 22 de mayo, a las 9:30 de la mañana. Debían comparecer García Luna, preso en una cárcel en Virginia, y su esposa, Cristina Pereyra, quien tiene dirección en Alexandria, no lejos de allí. Poco antes de la audiencia, los abogados del gobierno mexicano informaron a la jueza Lisa Walsh, como consta en el expediente público, que habían logrado demostrar que García Luna participó en un esquema para robar al menos 249 millones de dólares del gobierno mexicano y su esposa, Cristina Pereyra, 580 millones. Pidieron que dictara sentencia.
Hasta donde he podido investigar, ni García Luna ni su esposa tienen estas cantidades de dinero. Pero la sentencia importa porque ahora los abogados del gobierno mexicano pueden ir detrás de cada centavo que hayan tenido alguna vez, en cualquier lugar del mundo, y que tengan, en un futuro, durante décadas. Es decir, si mañana García Luna o su esposa se ganan la lotería, el gobierno puede ir también por ese dinero. A diferencia de los juicios criminales, donde una medida como esta es retroactiva, en un caso civil, como el de Miami, la medida es proactiva; pueden cobrar sobre dinero que tengan ahora o en el futuro.
Hasta ahora, dicen las autoridades, 2.8 millones de dólares han vuelto a México gracias a este caso. Veremos cuánto más logran cobrar. Mientras tanto, esta sentencia es un mensaje poderoso: demuestra que no importa cuán sofisticado sea el esquema para ocultar el dinero; si se investiga realmente, los gobiernos de México y la región tienen un mecanismo legal para pelear y ganar estos casos en cortes civiles de Estados Unidos.