Una investigación conjunta entre agencias de seguridad de Estados Unidos ha destapado una red transnacional de huachicol que involucra a empresarios texanos, operadores mexicanos, políticos, funcionarios portuarios y presuntos vínculos con el grupo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La información fue revelada en la mesa de análisis Círculo Magenta del portal Código Magenta, encabezada por su director Ramón Alberto Garza.
Garza detalló que el caso detonó tras la acción coordinada de Homeland Security, FBI, DEA e IRS contra la familia Jensen, originaria de Utah, dueña de la empresa Arroyo Terminal, ubicada en Río Hondo, Texas. Estas agencias estiman que la familia amasó más de 300 millones de dólares a través del contrabando de combustibles entre México y Estados Unidos.
El esquema consistía en obtener petróleo crudo pesado de Pemex —producido en zonas como Tabasco y Veracruz—, trasladarlo sin costo a Texas, refinarlo y regresarlo a México para su distribución, sin pagar impuestos, obteniendo ganancias de hasta 85% del valor de mercado.
Garza también vinculó la operación con actores políticos nacionales, señalando que desde 2021 Código Magenta documentó la llegada de buques a puertos como Altamira y Tuxpan, cargados con combustibles ilegales. Uno de estos buques fue finalmente decomisado, en un hecho que marcó el inicio de acciones oficiales tras años de inacción.
En la red estarían implicados personajes cercanos al entorno presidencial. Se menciona a Ángel Arnoldo Ramírez Salinas, empresario con permisos exclusivos de importación de combustibles y presunta relación con Andrés López Beltrán, hijo del expresidente. Ramírez Salinas falleció recientemente en un accidente automovilístico en circunstancias extrañas. Compartía domicilio con Esmeralda MacDonald, hermana de Perla MacDonald, viuda del también ejecutado Sergio Carmona, otro operador clave del huachicol en Tamaulipas.
También se mencionó a Roberto Brawn, alias “el señor de los buques”, identificado como operador logístico de combustibles ilegales. Su empresa, Fletes Auto Líneas Roca, está vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación, mientras su hermano, Rigoberto Brawn, es investigado por el FBI por extorsión a importadores y autoridades aduanales. El dinero era presuntamente lavado mediante empresas fachada en San Pedro Garza García, con la participación de un diputado de apellido Tapia.
La trama también implica a la administración portuaria de Tampico, bajo control de la Secretaría de Marina, y a una empresa llamada Endanza, cuyos socios están ligados al gerente de Administración de la API Tampico. La llegada del almirante Rubén Alfonso Vargas Suárez a ese puerto coincidió con el reinicio del trasiego clandestino.
Ramón Alberto Garza advirtió que el caso podría detonar revelaciones mayores, ya que el señor Jensen y su familia están bajo arresto domiciliario en Estados Unidos y podrían colaborar con las autoridades. “Estamos a nada de que salgan los nombres de media docena de ‘junior huachicoleros fifís’ que operan desde San Pedro Garza García”, afirmó.
Finalmente, se denunció que los recursos del huachicol también habrían financiado campañas políticas de Morena, convirtiéndose en un tema de seguridad nacional para Estados Unidos. La investigación señala que empresas ligadas al crimen organizado catalogado como terrorismo internacional podrían haber transferido dinero al partido en el poder, lo que abriría un grave conflicto diplomático.
La información concluyó con un análisis de la situación financiera de Pemex, la cual reportó pérdidas por 43 mil millones de pesos, monto que coincide con el estimado anual del saqueo fiscal por huachicol, según Código Magenta.