El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga una red de corrupción en las aduanas fronterizas del norte del país, en medio de una ofensiva binacional contra el contrabando de gasolina y otras irregularidades fiscales, conocido como “huachicol fiscal”.

La indagatoria ocurre mientras crece la polémica por la cancelación de visas a la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo Carlos Torres, hecho que, según denuncias, coincide con operativos recientes contra este tipo de actividades ilícitas en aduanas de Baja California y Sonora.

Luis Torres, cuñado de la mandataria, también habría sido mencionado en una denuncia por su presunta implicación en esta red de contrabando de combustibles, junto con funcionarios del SAT y agentes aduanales, según fuentes oficiales.

Entre los nombres señalados destacan Roberto Ruiz Armas, un agente aduanal con más de una década de antecedentes por facilitar el ingreso ilegal de vehículos usados conocidos como “autos chocolate”, quien ahora también es acusado de formar parte del esquema de huachicol fiscal.

También figuran Baltazar Terrazas Ciapara y Ernesto Alejandro Vadillo Trueba, Coordinador de Aduanas Fronterizas, quienes estarían involucrados en la operación de estas irregularidades en importaciones.

Ante las denuncias, el SAT ha iniciado la suspensión de patentes a diversas agencias aduanales por su participación en la importación irregular de mercancías, con el fin de reforzar la rendición de cuentas entre los agentes aduanales.

“Se han retirado patentes y se van a seguir retirando cuando se encuentren responsabilidades”, advirtió en abril pasado la Presidenta Claudia Sheinbaum, al referirse a los avances en la reestructuración del sistema aduanero nacional.

Las investigaciones continúan abiertas en ambos lados de la frontera, con énfasis en la detección de esquemas de evasión fiscal y tráfico ilegal de hidrocarburos.