El Gobierno federal dejó de recaudar aproximadamente 554 mil 750 millones de pesos entre 2019 y 2024 debido al llamado “huachicol fiscal”, una práctica que consiste en importar gasolina sin declarar su verdadera naturaleza para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
De acuerdo con un análisis basado en cifras de la Energy Information Administration (EIA) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en ese periodo se introdujeron al país 120 mil 726 millones de litros de gasolina sin declarar correctamente, lo que derivó en una pérdida fiscal multimillonaria. En 2023, el diferencial fue de casi 20 mil millones de litros, lo que representó una pérdida de 104 mil 224 millones de pesos tan solo por IEPS.
El IEPS por litro osciló entre 4.06 y 5.21 pesos en esos años. Al declarar los combustibles como aceites, aditivos o hidrocarburos de baja calidad, los importadores evitan el pago de este impuesto.
Especialistas aseguran que combatir esta práctica permitiría al Gobierno contar con recursos adicionales y reducir su dependencia de los ingresos petroleros. César Augusto Rivera, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), señaló que la caída en la producción petrolera y la baja incorporación de reservas hacen urgente la obtención de más ingresos.
Un análisis adicional de PetroIntelligence, publicado en febrero pasado, estimó que la evasión fiscal por gasolina y diésel en 2024 alcanzó los 177 mil 170 millones de pesos, incluyendo el IEPS y el IVA. Según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el contrabando fiscal representa el 30% del total de combustibles vendidos en estaciones de servicio.
En febrero pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que es necesario implementar cambios regulatorios para que una sola institución supervise la trazabilidad de los combustibles en México.
