Ovidio Guzmán, evasivo, huidizo y vival terminó negociando con las autoridades norteamericanas y en julio próximo se declarará culpable de los cargos que le imputaron. Esta es la señal más clara de que el primer paso de la negociación está dado; el segundo será la aceptación de culpabilidad para, posteriormente, esperar una sentencia menor que le permita, quizá muy pronto, recuperar su libertad en Estados Unidos. La misma ruta legal seguirá en Chicago su hermano, Joaquín Guzmán López, quien secuestró a Ismael “El Mayo” Zambada en Culiacán, en julio del año pasado, para luego ser trasladados en un misterioso avión a El Paso, Texas. Respecto de la suerte de Zambada nada se sabe, sólo que es un fuerte candidato a la pena de muerte.
El 15 de septiembre de 2023, Ovidio Guzmán López fue extraditado a Estados Unidos. En ese país lo esperaba un voluminoso expediente con cargos por tráfico de fentanilo, cocaína y lavado de dinero.
Un año y ocho meses después, el vástago de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” –quien purga una cadena perpetua en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado – negoció con las autoridades estadunidense y en julio se declarará culpable de los cargos por tráfico de drogas.
De esta forma, Ovidio Guzmán, conocido en el mundo del hampa como “El Ratón”, terminará como testigo colaborador y podría hablar sobre las operaciones de narcotráfico del cártel de Sinaloa, otras organizaciones rivales, así como de políticos de todos los partidos que se ligaron al cártel desde su resurgimiento en el año 2001, tras la fuga de “El Chapo” del penal de Puente Grande, Jalisco.
La captura y liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán –episodio conocido como “El Culiacanazo” –fue el primer escándalo que enfrentó Andrés Manuel López Obrador como Presidente. Ocurrió el 17 de octubre de 2019.
Ese día, un grupo de agentes federales y militares arribaron a Culiacán para capturar el capo. Al frente del operativo iba Alfonso Durazo, entonces Secretario de Seguridad Pública Ciudadana del Gobierno Federal. “El Ratón” fue capturado, pero los hombres del cártel de Sinaloa sacaron sus armas y bloquearon avenidas, amenazaron a la gente con matarla, con desatar una masacre si el Gobierno no liberaba a Ovidio Guzmán.
El hijo de Guzmán Loera ya estaba detenido y las Fuerzas Armadas se aprestaban para trasladarlo a la Ciudad de México. Estados Unidos lo reclamaba por varios delitos. Pero al complicarse la situación, el entonces Presidente López Obrador, en una de sus confesiones públicas, dijo que él ordenó la liberación de Ovidio para evitar un baño de sangre.
Después de este evento, al cártel de Sinaloa no se le volvió a molestar durante el Gobierno de López Obrador. La familia de Ovidio Guzmán agradeció al Presidente su gesto, tanto, que en una conferencia de prensa los abogados del cártel expresaron su agradecimiento al mandatario a nombre de la familia de “El Chapo”.
Tiempo después fue capturado –aunque circuló la versión de una entrega pactada –; fue recluido en el penal del Altiplano y luego extraditado. Pocos meses después, Ovidio ya está en la etapa de negociación con las autoridades norteamericanas, igual que lo hizo Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”; Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, Rey Zambada, hermano de Ismael Zambada García y socio de Genaro García Luna, el policía del sexenio de Calderón que brindó protección, desde el Gobierno, al cártel de Sinaloa.
Esa misma ruta legal –la negociación –siguieron en Estados Unidos Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, exsocio de Joaquín Guzmán Loera, exfuncionario del penal de Puente Grande y pieza clave en la fuga de enero de 2001; también escogió ese camino Emma Coronel Aispuro, esposa de Guzmán Loera, quien fue detenida en Estados Unidos y en pocos meses recuperó su libertad tras negociar con las autoridades de Estados Unidos.
De acuerdo con información de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, ese mismo plan tiene en puerta Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, quien en julio del año pasado secuestró a Ismael “El Mayo” Zambada en una finca de Culiacán para enviarlo a Estados Unidos en un avión donde él era el segundo pasajero. Ambos arribaron a Texas y fueron detenidos.
La historia de esa operación todavía sigue envuelta en el misterio, pues no se sabe si fueron entregados por el Gobierno de López Obrador, que ya se acercaba a su fin, o bien la DEA o el FBI violaron la soberanía nacional al ingresar a territorio mexicano para capturar a los dos narcotraficantes. La Fiscalía General de la República (FGR) dice no saber qué pasó aquel día; tampoco obtuvieron rastros del avión ni saben –según la versión oficial –de qué aeropuerto despegó.
Aquel 25 de julio, según la denunciado Ismael Zambada García, él acudió a una reunión a una finca de Culiacán. Ahí estaban Joaquín Guzmán López, su personal de seguridad, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad de Sinaloa y en ese momento Diputado local.
El mandatario Rocha Moya negó, sin argumentos convincentes, haber estado en la reunión; dijo que ese día viajó a Estados Unidos, pero tampoco ha podido acreditar fehacientemente los pormenores de su viaje a la Unión Americana.
A diez meses de estos hechos, las dudas prevalecen. De acuerdo con las últimas versiones que se dieron a conocer en las postrimerías del Gobierno de López Obrador, el Gobierno de Estados Unidos siempre se negó a proporcionarle información a la FGR sobre los hechos de Culiacán respecto del secuestro de “El Mayo” Zambada y su entrega a Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López.
Lo cierto es que pocos días después de que “El Mayo” apareció en Estados Unidos, preso en Texas, primero, y en Nueva York, después, el gobierno mexicano solicitó su extradición a México.
El misterio de este caso es tan grande como la presunta muerte de Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, quien en 2014 fue declarado muerto por sus familiares. En la iglesia de Huichapa, Sinaloa, su tierra natal, le oficiaron nueve misas, pero ninguna autoridad pudo ver el cuerpo del capo, quizá uno de los más hábiles negociadores del crimen organizado mexicano.
En una visita a España, le peguntaron al entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, sobre la muerte de “El Azul”. Dijo: No podemos negarlo ni confirmarlo. No tenemos información al respecto.
Esparragoza Moreno, “El Azul” estuvo preso en el penal de La Palma, en el Estado de México; durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue preliberado. La gestión estuvo a cargo de la Secretaría de Gobernación, entonces encabezada por Fernando Gutiérrez Barrios. Eso ocurrió entre los años 1989 y 1990. Testigos de ese hecho en su momento dijeron que “El Azul” salió caminando del penal del Altiplano y se perdió entre las sombras de un atardecer apacible.
Otro misterio fue la muerte de Amado Carrillo, oficialmente dada a conocer en 1997. Nadie sabe qué diablos pasó con el capo de Guamuchilito tras haber sido internado en la clínica Santa Mónica de la Ciudad de México donde se sometió a una cirugía plástica y a una liposucción.
Lo cierto –por extraño que parezca –es que los médicos que lo operaron aparecieron muertos y entambados en la autopista del Sol. Los tres eran cirujanos plásticos. Si Carrillo Fuentes no murió, por qué asesinaron a los médicos? Esto es parte del enigma.
Mientras en México impera la corrupción y la vinculación política con los capos de la droga, en Estados Unidos los narcotraficantes pueden negociar bajas penas, derrumbar cadenas perpetuas y hasta recuperar su libertad pese a que cometieron decenas de delitos graves.
El discurso condenatorio de Estados Unidos se derrumba si un capo está dispuesto a negociar con ellos. Esa es la doble moral del Gobierno de Estados Unidos en el mundo criminal. El discurso duro hacia fuera –la declaración de los cárteles como grupos terroristas –y la flexibilidad para negociar y pactar hacia dentro.