Me desconcertó profundamente que la presidenta Claudia Sheinbaum dijera ayer en la mañanera que el 8 de mayo tenía acordada una reunión con los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y que éstos no llegaron a ese encuentro con la mandataria, sobre todo cuando ella misma ya había postergado la reforma a la ley de ISSSTE, que había impulsado Martí Batres, y cuando se estaba discutiendo el incremento al salario de los maestros, que quedó finalmente en un 9%, superior al de la mayoría de los trabajadores.
Recordé cuando estaba comenzando mi vida como reportero y me citó, iniciaba el gobierno de Salinas, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios. No conocía personalmente al mítico político y ese día me concedió dos horas de plática en su oficina de Bucareli. De alguna forma llegamos a la relación que se debía mantener con un presidente de la República (más allá de su nombre) y me dijo algo que se me quedó grabado: puede usted, me decía en aquella ocasión Gutiérrez Barrios, estar de acuerdo o no con un presidente, le puede caer bien o mal, pero “cuando la silla convoca, el convocado va”. No se puede, insistía, desairar a un presidente. No tiene nada que ver con tener o no simpatía con él, o ella en este caso, sino del respeto a una institución y lo que representa. Creo que tenía razón.
Desde aquella plática, en enero de 1989, siempre he creído en ello: cuando la silla convoca hay que ir, aunque sea para expresar un desacuerdo. Los dirigentes de la Coordinadora son especialistas en hacer patanerías, pero no recuerdo que dejaran plantado a un presidente, mucho menos a una mandataria que, en muchas ocasiones a lo largo de su carrera, ha simpatizado con ellos y cuando, en una decisión que en términos de negociación política pudiera ser cuestionable, ya había concedido en una de las demandas que ellos habían presentado originalmente: la postergación de la reforma a la Ley de ISSSTE de Batres.
Pero no sólo no fueron a esa cita con la presidenta Sheinbaum, iniciaron un proceso de manifestaciones, bloqueos, presiones, provocaciones que lleva ya dos semanas en la Ciudad de México, con un pliego petitorio que, en sus principales puntos, saben que el gobierno no puede cumplir, porque no hay forma financiera de hacerlo: un aumento salarial del 100% y la derogación de la Ley de Pensiones de 2007 que creó las cuentas de retiro individualizadas. No lo pidieron con Calderón, con Peña, mucho menos con López Obrador y ahora exigen a Sheinbaum dos demandas que el Estado mexicano no tiene forma alguna de cubrir, no alcanzan las finanzas públicas para eso.
Pero, además, bloquearon Palacio Nacional, impidieron entrar durante horas a funcionarios, trabajadores, periodistas, provocaron que, un día después del crimen político más grave que ha habido en el sexenio, el asesinato en contra de Ximena Guzmán y de José Muñoz, la Presidenta tuviera que estar sola en el inmenso patio de la Tesorería en la conferencia mañanera. Llevamos dos semanas de provocaciones de la CNTE sin el menor costo para esa agrupación política (lo de sindical y magisterial es una coartada), pero con altos costos para la ciudadanía y para la imagen del gobierno federal.
Ayer, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo que le presentaron a la CNTE una nueva propuesta para reunirse hoy. A ver si los dirigentes de la Coordinadora aceptan reunirse con Rosa Icela y negociar algo que, en principio, no están dispuestos a hacer. Y a ver qué les puede ofrecer el gobierno federal sin exhibir debilidad ante ellos.
Lo que queda claro es que la suma de desaires políticos que han hecho a la Presidenta no tendrían que quedar impunes. Lo que está haciendo la Coordinadora no sólo es desafiar a la presidenta Sheinbaum, tratar de tomarle la medida en la lógica de la negociación, sino también, y más importante, tratar de debilitarla o de exhibirla débil ante el poder de una organización que, en última instancia, tiene alguna representatividad, pero que no nuclea a más del 20% del magisterio del país.
Ayer también la CNTE se unió a los grupos de Ayotzinapa (que tienen la misma matriz ideológica que los de la Coordinadora) y vivimos otro capítulo de la misma historia. Piden la renuncia del fiscal especial, no aceptan las decisiones judiciales sobre el caso (que, al margen, establecen que la verdad jurídica sigue siendo la de la llamada verdad histórica, y con eso confirman la injusticia que se cometió con el exprocurador Jesús Murillo Karam) y dicen que “no les cumplieron, no les respondieron” a sus demandas.
No son capítulos aislados ni tampoco son simples coincidencias. Son tiempos de definiciones desde el poder ante grupos que lo desafían mucho más que cualquier partido de la oposición porque, en última instancia, son internos. Y que no entienden eso de que “cuando la silla convoca, el convocado va”.
TABASCO
Otro duro golpe del Gabinete de Seguridad, en este caso en Tabasco, con la caída del jefe de plaza en Paraíso, junto con otros once integrantes de ese grupo delictivo. Como ya había ocurrido en Guerrero y hace unos días en Michoacán, más de la mitad de los sicarios detenidos eran de origen guatemalteco, lo que confirmaría que cada vez más estas organizaciones criminales, sobre todo el CJNG, están recurriendo a sicarios de Centroamérica y Colombia para suplir sus bajas. No es un dato menor.