Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum habló por séptima ocasión, vía telefónica, con Donald Trump. Esta vez no hubo relato ni detalles sobre lo platicado, y no se sabe si se habló de aranceles, que ayer quedaron en la Cámara de Representantes en 3.5% para las remesas (van ahora al Senado), sobre el anuncio que hizo Marcelo Ebrard de la reducción de aranceles para automóviles producidos en México y Canadá (lo que aún no ha sido confirmado por Estados Unidos) o sobre el tema de la seguridad que abordó tan ampliamente el miércoles Marco Rubio, secretario de Estado de la Unión Americana, en una reunión de comisiones del Senado de su país.
La violencia política en México es real, dijo Rubio, haciendo referencia al asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz. Los cárteles que amenazan al Estado están armados con armas que se compran en Estados Unidos y se envían allí. Queremos ayudar a detener ese flujo, subrayó el secretario de Estado, que insistió en que los cárteles amenazan al Estado. Hay partes de México, dijo, gobernadas por los cárteles. Rubio sostuvo que su gobierno quiere colaborar con el de México, con el que ha tenido diferencias, pero también reconoció que se ha avanzado en la cooperación, habló de la voluntad del gobierno mexicano para combatir a los cárteles, de los avances registrados en la frontera y dijo que pronto visitará nuestro país.
En el contexto de la relación con Estados Unidos y de la narrativa de la administración Trump, fue una buena declaración respecto a México, por eso no entendí por qué la presidenta Sheinbaum le pidió a Rubio en la mañanera que no especulara sobre el móvil de los asesinatos de Ximena y José. No entiendo, porque, por la forma en que se realizó el atentado, la única explicación es que haya sido realizado, por las razones que sean, por sicarios del crimen organizado. Hay que investigar, pero también hay que ser sensatos sobre qué se está investigando.
Por lo pronto, una vez ya en México el nuevo embajador Ron Johnson, vamos a ver, desde los próximos días, a muchos funcionarios del Departamento de Estado y probablemente al propio Rubio muy pronto en México.
Por otra parte, y por esas cosas extrañas que siempre ocurren en México, cada vez que hay un tema delicado de seguridad, como ocurrió ahora con los asesinatos contra Ximena Guzmán y José Muñoz, reaparece el fantasma, el caso de García Luna. Ésta no ha sido la excepción: hoy, una corte de Miami, a pedido de las autoridades mexicanas, condenó, en una demanda civil, a pagar una multa multimillonaria a García Luna y su esposa.
El caso García Luna fue negociado por el gobierno de López Obrador con el de Trump en la primera gestión del actual mandatario. ¿Sigue su curso esa negociación?, ¿es moneda de cambio? Son preguntas.
Lo cierto es que la corte de Miami decidió sentenciar a García Luna y a su esposa a pagar nada más y nada menos que 2 mil 500 millones de dólares. Es parte de una demanda presentada por el gobierno mexicano que sostiene que, con el apoyo de García Luna, el conglomerado empresarial de la familia Weinberg, de origen israelí, obtuvo ilícitamente 30 contratos con entes públicos de seguridad en México por 634 millones de dólares.
Hay tres problemas con esta demanda y sentencia, primero, que esos contratos, en su enorme mayoría, se dieron cuando García Luna ya no era secretario de Seguridad; segundo, que la sentencia se emitió sin juicio alguno, a pedido de la FGR mexicana, argumentando que García Luna no se presentó al juicio, algo difícil porque está preso y desde hace tres meses incomunicado. Y, tercero, porque, más allá de las declaraciones y sentencias, esas cantidades millonarias siguen sin aparecer.
Con un tema adicional: el juicio de García Luna se basó exclusivamente en testimonios de testigos protegidos, narcotraficantes que habían sido detenidos, la mayoría de ellos, cuando García Luna era secretario de Seguridad, y reconvertidos en testigos de cargo a cambio de condenas leves e incluso su libertad, algo que se celebra una y otra vez en la 4T. Hace apenas una semana, cuando se abordó el caso de Ovidio Guzmán y su familia, la propia Presidenta se quejó en la mañanera de que se hicieran negociaciones con criminales que habían sido detenidos en México y extraditados a Estados Unidos y que, a cambio de testimonios, obtenían su libertad o penas leves. No entiendo.
¿HARVARD Y EL PCCH?
En Estados Unidos también hay cosas incomprensibles. Ayer, el Homeland Security anunció algo impensable en una democracia como la estadunidense. En un comunicado firmado por Kristi Noem se puede leer que el gobierno está responsabilizando a la Universidad de Harvard de “fomentar la violencia, el antisemitismo y por coordinarse con el Partido Comunista de China en su campus. Matricular estudiantes extranjeros y beneficiarse de sus pagos de matrícula más altos para engrosar fondos de dotación multimillonarios es un privilegio, no un derecho.
“Harvard, dice el comunicado, tuvo muchas oportunidades de hacer lo correcto. Se negó. Como resultado de su incumplimiento de la ley, han perdido su certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio. Que esto sirva como advertencia para todas las universidades e instituciones académicas del país”.
¿Harvard desestabilizando Estados Unidos, coordinándose con el Partido Comunista de China; fomentando, la Universidad de Harvard, no alguno de sus estudiantes, el antisemitismo y la violencia? ¿Están locos? ¿Hasta dónde pueden llegar la sinrazón y el autoritarismo?