La hostilidad de la administración de Donald Trump sobre el gobierno mexicano acelera el conflicto interno de los morenistas. Las listas negras, virtuales o reales, de narcopolíticos son apenas la nata. La advertencia sobre el requerimiento de narcopolíticos mexicanos no proviene de las filtraciones a redes sociales. Las menciones sobre políticos mexicanos vinculados a actividades delictivas han sido constante en encuentros oficiales de funcionarios de Washington con sus pares mexicanos desde que Trump ganó la elección en noviembre pasado.

En 2019, cuando comenzaron a integrarse los cargos gubernamentales de la 4T, cada secretario de gabinete de AMLO tuvo un inspector o una especie de comisario en la subsecretaría respectiva, lo que auspiciaba la desconfianza y la lucha de capillas. El acomodo de funcionarios en dependencias diversas correspondió a la cuota política (el principio aquel de cien por ciento lealtad antes que capacidad), y no se construyó un cuerpo de gobierno sino la gran olla de grillos desde donde se tejieron redes de complicidades para negocios y robos. Algunos castigados (Segalmex) y otros solapados. Desde los cargos gubernamentales se fortalecieron las candidaturas de gobernadores a renovarse en 2020 o 2021, mismos gobernadores que hoy encabezan las menciones de sospecha por sus nexos con grupos delictivos.

Muchas de esas redes políticas poco tendrían que ver con el equipo cercano de la actual presidenta Claudia Sheinbaum que atrincherado en la CDMX incubó un grupo de especialistas y técnicos a quienes se les cobró cara la derrota electoral de 2021 por su inexperiencia política. Los “claudistas” también son cosecha 19 pero el tropiezo del 2021 les hizo variar su estrategia.

De las menciones sobre políticos sospechosos no aparecen “claudistas” sino sus antagonistas internos (adanistas, monrealistas, noroñistas). Vaya circunstancia: una hipotética decantación de políticos sospechosos a partir de la presión estadounidense liberaría a Sheinbaum de las pesadas herencias que le tocó recibir.

El huachicol fiscal y sus derivados arrastran a demasiados políticos o funcionarios. No es un delito exógeno sino esencialmente un mal institucional. Nació desde dentro de la administración (las aduanas, los gobiernos locales, legisladores y mandos de Fuerzas Armadas) y, se refinó justamente en 2019. Es el delito que contamina la relación binacional y que pone en predicamento la gobernabilidad del país.

La vertiente Carmona lo confirma. Por diversas revelaciones públicas se dijo que Sergio Carmona, un empresario vinculado al huachicol fiscal, era un financiador de campañas electorales morenistas. En 2019, su hermano Julio fue designado por el gobierno de la 4T, administrador de la Aduana de Reynosa, puerta clave en la importación ilegal de combustible. Justo en el año de la refinación del huachicoleo fiscal.

Sergio Carmona fue ejecutado en 2021 y ante ese hecho su hermano Julio huyó a Estados Unidos para declararse testigo protegido y delatar las redes político delictivas mexicanas. Para EU fue la cosecha temprana del 19.

El problema no son las listas sino el entorno. La cruzada contra el huachicol ha encontrado muchas zonas de complicidades y también resistencias. El propio gobierno mexicano debe tener su propia relación de sospechosos en este y otros delitos.

Ahora enfrenta una encrucijada: ¿adelanta su propia depuración o admite la que le impongan a partir de las presiones estadounidenses?

Mientras, la cosecha del 19 despide el aroma de descomposición.