La cancelación de la visa de la gobernadora de Baja California –confirmada por ella misma–, y la posibilidad de que existan procedimientos similares contra otros políticos mexicanos han generado una discusión sobre si Estados Unidos está obligado a informar al gobierno de México cuando algún ciudadano mexicano esté bajo investigación o exista una orden para detenerlo o haya sido aprehendido.

En realidad, no lo está.

La semana pasada, escribí en este espacio que el tratado de extradición entre los dos países no obliga a la nación requirente a informar al país requerido sobre qué sucede legalmente con la persona ya extraditada.

Esto, en relación con el proceso que se sigue en Estados Unidos contra Ovidio Guzmán, sobre el cual, opinó la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno de ese país debía informar al de México.

El artículo 10 de dicho tratado tiene una serie de condiciones para conceder una extradición, pero ninguna relacionada con lo que ocurre después de la entrega, a no ser que se pretenda juzgar a la persona extraditada por delitos distintos a aquellos por los que fue concedida la extradición.

El viernes, en Imagen Radio, conversé al respecto con el jurista José Elías Romero Apis, a quien, durante su trayectoria como funcionario público le tocó llevar las riendas de las relaciones jurídicas con EU y es un experto en el tratado de extradición.

Me confirmó que no hay obligación en ese sentido, pero añadió que si el gobierno mexicano deseaba saber cómo iba el proceso –incluida la eventual negociación entre los fiscales y el inculpado–, podía pedir la información al abogado de Guzmán, en cuyo poder obra incluso el expediente acusatorio.

En cuanto a mexicanos detenidos en Estados Unidos, tampoco la hay. La Unión Americana tiene tratados de notificación consular obligatoria con 57 naciones, pero no con México. Por tanto, nuestro país puede pedir la información, pero el vecino del norte no está forzado a dársela.

Tan es así que una de las razones por las que está saturado el personal de la red de consulados de México en Estado Unidos es que tiene la instrucción de acudir diariamente a los centros de reclusión temporal para saber si hay mexicanos detenidos.

A lo que sí están obligados los dos países, al igual que todos los firmantes de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, es a permitir que la persona detenida se comunique con su consulado, siempre que así lo solicite, pero no es su responsabilidad dar cuenta al consulado en cuestión.

Si no existe obligación de informar a México, en su condición de país requerido en un proceso de extradición o como país de origen de una persona detenida en Estados Unidos, podemos imaginar que las autoridades estadunidenses tampoco están obligadas a dar información sobre investigaciones en curso contra ciudadanos mexicanos sospechosos de haber cometido un delito en ese país.

Otra cosa es que lo puedan hacer por cortesía –como sucedió con la gobernadora–, pero habría que preguntarse cuál sería su interés de hacerlo, sobre todo después de escuchar la conferencia matutina de ayer, en la que la Presidenta de la República dijo que “el procedimiento en esos casos” es que el Departamento de Justicia informe a la Fiscalía General de la República (FGR) cuando “tenga algo” en contra de un ciudadano mexicano, y que a la FGR corresponde “revisar si hay pruebas”.

Y es que, de acuerdo con el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, el sistema judicial de cada Estado es soberano –en la medida que cada uno tiene la suprema autoridad de establecer y operar su marco legal y judicial– y la resolución 2131 de la Asamblea General de la ONU prohíbe a los Estados miembros a interferir en los asuntos de otros Estados.

Habida cuenta de eso, no entiendo con qué autoridad revisaría la FGR las pruebas contra un mexicano acusado de cometer un delito en otro país, si México no es el que lo está procesando, a menos, claro, de que se convierta en país requerido en un caso de extradición.

Coincido con la Presidenta. Todos debemos abstenernos de difundir información no corroborada o incorrecta. Hacerlo es, sí, contribuir al chismerío.