Leopoldo Javier Chávez Vargas, aspirante a juez de distrito en Durango, estuvo preso en Estados Unidos por tráfico de metanfetamina, según registros oficiales del Buró de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), lo que ha generado controversia a semanas de la elección judicial programada para el 1 de junio.
La información fue dada a conocer por el medio Pie de Nota, dirigido por el periodista Luis Chaparro, quien publicó en la red social X una imagen del registro penitenciario federal estadounidense junto con el perfil del candidato en el sitio del Instituto Nacional Electoral (INE). Chávez Vargas fue detenido y condenado en 2015 en el distrito sur de Texas y permaneció en prisión al menos seis años, de acuerdo con el registro número 99757-379 del BOP, que indica que fue liberado el 7 de junio de 2021.
A pesar de estos antecedentes, el candidato participa en el proceso electoral bajo el nuevo modelo de elección popular de jueces federales impulsado por el Ejecutivo federal. Según el portal oficial eleccionjudicial.org, su postulación proviene del Poder Legislativo Federal.
En su perfil oficial ante el INE, Chávez Vargas asegura que desea ser juez para garantizar el acceso equitativo a la justicia. Indica contar con estudios de licenciatura en derecho, un diplomado en juicios de amparo y que actualmente cursa una maestría en juicios orales. La cédula profesional con número 14446626 fue emitida en 2024 por el Instituto Bilingüe de Durango, lo que sugiere que su formación profesional se concretó después de su liberación en Estados Unidos.
Durante una entrevista con el comunicador Aarón Quiñones Díaz, Chávez Vargas afirmó haber trabajado para la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y sostuvo contar con más de cinco años de experiencia en instancias judiciales, tanto en el extranjero como en México. Sin embargo, los requisitos constitucionales para aspirar al cargo exigen al menos cinco años de experiencia jurídica posterior a la expedición de la cédula profesional, lo que pone en duda su elegibilidad.
El candidato también fue señalado por presuntos actos anticipados de campaña. La magistrada Janine Otálora propuso sancionarlo por entrevistas y publicaciones previas al 30 de marzo, fecha oficial del inicio de campaña, en las que ya se identificaba como candidato. Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desestimó la denuncia, al considerar que no hubo llamados expresos al voto.
