El acuerdo judicial de Ovidio Guzmán con autoridades de Estados Unidos ha encendido alarmas en el entorno político de Sinaloa, particularmente entre figuras cercanas al gobernador Rubén Rocha Moya y al senador Adán Augusto López Hernández, actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

La inquietud gira en torno a la campaña de 2021, cuando Guzmán presuntamente habría operado en favor de Rocha, con el respaldo del entonces secretario de Gobernación. Este escenario complica especialmente al senador Enrique Inzunza, considerado aspirante a suceder a Rocha, y de quien se señala que mantuvo contacto con la familia Guzmán, según fuentes de la política local.

Durante una reciente reunión de consejeros de Morena, cada vez que surgieron temas relacionados con el narcotráfico, las miradas se dirigieron al gobernador sinaloense, evidenciando el creciente malestar interno en el partido por posibles vínculos incómodos.

El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas, también enfrenta una situación delicada, pues Ovidio podría implicarlo como cercano a la familia de Ismael “El Mayo” Zambada, rival del clan Guzmán. En ese contexto, Inzunza impulsó el desafuero de Vargas, en un intento por debilitar su proyección electoral.

Ante el desgaste de estos perfiles, la senadora Laura Imelda Castro busca posicionarse como una carta fuerte directamente ligada a la presidenta Claudia Sheinbaum, con el argumento de carecer de conflictos judiciales o cuestionamientos reputacionales. Su primer objetivo sería presidir la Mesa Directiva del Senado, cargo que Adán Augusto busca reservar para Andrea Chávez.