El Gobierno federal presentó una iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que concentraría todas las facultades regulatorias del sector en la Agencia de Transformación Digital, encabezada por José “Pepe” Merino, en sustitución del desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

La propuesta, que llegó este martes al Senado, ha sido fuertemente cuestionada por las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, que advirtieron que la nueva legislación elimina la autonomía del IFT y centraliza funciones en el Ejecutivo federal, lo que podría generar distorsiones económicas, competencia desleal y vulnerar la libertad de expresión.

De acuerdo con el documento, la Agencia de Transformación Digital podrá otorgar y revocar concesiones, regular contenidos, supervisar los códigos de ética de concesionarios y limitar los espacios publicitarios en medios. Además, establece un esquema de sanciones y fija límites máximos al tiempo de publicidad transmitida diariamente.

Uno de los puntos más controversiales es que los concesionarios de radiodifusión deberán pedir autorización a la Secretaría de Gobernación para transmitir spots de gobiernos extranjeros, lo cual, según legisladores opositores, representa un mecanismo de censura indirecta.

La fracción del PAN en el Senado advirtió sobre una “subordinación al Ejecutivo federal” de la Agencia de Transformación, mientras que Movimiento Ciudadano consideró que la medida rompe con los principios de imparcialidad, competencia técnica y neutralidad de la red.

Por su parte, el PRI alertó que la propuesta permitiría a cualquier dependencia del Gobierno ofrecer servicios de internet y telefonía, lo que colocaría al Estado como actor comercial dentro del mercado de telecomunicaciones.

La iniciativa también establece que los concesionarios deberán garantizar el cumplimiento de los derechos de información, expresión y recepción de contenidos, en línea con los artículos 6 y 7 de la Constitución.