El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, propuso una reforma al Código Penal federal para sancionar la apología del delito a través de canciones, series de televisión, videojuegos, obras teatrales u otras formas de expresión mediática.

La iniciativa plantea penas de 10 a 180 días de trabajo comunitario si no se concreta la comisión del delito, y en caso contrario, el castigo será el mismo que el del delito cometido, aplicado al provocador.

Según el proyecto, se considerará apología del delito cuando alguien “promueva, glorifique o justifique conductas ilícitas y actos de violencia contra las mujeres, de manera que favorezca su imitación o incite a la audiencia a llevarlas a cabo”.

Durante la presentación, Ávila fue cuestionado por no aclarar cómo se determinará si una expresión mediática incita a un delito ni qué autoridad decidirá la responsabilidad de los involucrados, ya sea el creador, el intérprete o el espectador. El diputado respondió que será el Ministerio Público el encargado de investigar y tipificar el delito, y que un juez definirá si procede la sanción.

“El Código Penal es muy claro. Tiene que haber un Ministerio Público, tiene que haber un juzgador que determine si existe la tipificación del delito (…) La música que dice que el narcotráfico es bueno, que asesinar es bueno, que violentar a una mujer es bueno, yo creo que eso no es deseable para nuestras jóvenes y nuestros jóvenes”, declaró el legislador.

Ávila subrayó que la iniciativa no busca censurar contenidos que describen la realidad, sino aquellos que la glorifican, como los que presentan de forma positiva la figura de un narcotraficante. “Estoy hablando de la glorificación. ¿Qué es la glorificación? Es decirle a un joven que vender drogas está bien, que lo haga”, apuntó.

El proyecto no detalla cómo se delimitará la responsabilidad entre los creadores, intérpretes o productores de contenidos, ni menciona si se incluirán sanciones para quienes reproduzcan este tipo de expresiones en eventos públicos.

Cuando se le cuestionó si técnicos, organizadores o asistentes a eventos donde se escuchen narcocorridos serían sancionados, Ávila insistió en que será el Ministerio Público quien determine a los responsables: “¿Es responsable quien coloca las pantallas? Claramente no. Él hizo su chamba. Pero hay alguien a quien se le ocurrió la buena o mala idea”.

Aunque la propuesta no incluye una excepción explícita para los medios de comunicación, el diputado aclaró que no contempla castigar a quienes difundan estos contenidos como parte de su trabajo informativo, ni se sancionaría la musicalización, sino exclusivamente las letras y los mensajes explícitos.

La propuesta surge en medio del debate sobre la difusión y popularidad de los llamados narcocorridos y las series de televisión centradas en figuras del crimen organizado, cuyo contenido ha sido señalado por diversos sectores como un posible factor de normalización de la violencia.