La tragedia ocurrida durante el Festival Ceremonia, donde los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas murieron tras el colapso de una estructura, ha derivado en una investigación que alcanza tanto a organizadores como a funcionarios públicos, según informaron autoridades federales y capitalinas.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indaga a la empresa organizadora Eco Live, dirigida por Diego Jiménez Labora, así como a funcionarios responsables de supervisar las condiciones de seguridad del evento, celebrado en el Parque Bicentenario. La fiscal capitalina Bertha Alcalde señaló que ya se han realizado inspecciones y entrevistas para determinar quiénes fallaron en garantizar la seguridad del festival.
La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó una revisión a fondo de la concesión del Parque Bicentenario, actualmente en manos de la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, propiedad de Charles McPhail Trouyet, desde 2018. La mandataria instruyó a la secretaria de Sedatu, Edna Vega, para analizar si existen causales que permitan rescindir el contrato.
“La instrucción es revisar las condiciones en que se dio esta concesión y evaluar si, bajo estas circunstancias, es factible retirarla”, expresó Sheinbaum durante su conferencia matutina.
El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) confirmó que la concesión fue otorgada en marzo de 2018, durante el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto. Para revocarla, se deben acreditar incumplimientos graves como la falta de pagos o violaciones reiteradas a las obligaciones contractuales. También podría optarse por el rescate de la concesión, aunque esto implicaría una indemnización que podría representar un gasto significativo para el erario.
Además, se reveló que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México intervino para respaldar la realización del festival. El 12 de febrero, Ana Francis Mor, funcionaria de dicha dependencia, envió un oficio al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, solicitando facilidades para el evento, al que calificó como una contribución al desarrollo cultural de la capital.
En el documento, Mor incluyó un número de contacto para coordinación y pidió que el festival fuera considerado como prioritario en términos de resguardo y apoyo por parte de la policía capitalina.
