EN LA RENEGOCIACIÓN del T-MEC, el gobierno de Donald Trump impondrá inspectores de Estados Unidos que apliquen sanciones más severas a México.
Busca evitar violación a los principios de libertad y democracia sindical y procurar la transparencia y la rendición de cuentas en la operación de recursos económicos de los dirigentes sindicales.
Asimismo, el cumplimiento en el pago de salarios pero, sobre todo, solicitar la extradición de quienes utilicen recursos de procedencia ilícita ante la destrucción del Poder Judicial en México.
Empresas de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias y el Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), que lidera Alejandro Martínez Araiza, están bajo ese escrutinio.
El sindicato afiliado a la CTM, que encabeza Carlos Aceves del Olmo, es investigado por presuntos fraudes en el uso discrecional de cuotas, opacidad de sus dirigentes sindicales en la administración de recursos de empresas privadas internacionales y operaciones financieras con recursos de trabajadores.
Entre las compañías con las que el SNAC tiene contratos colectivos y que podrían ser motivo de investigación por el gobierno de Estados Unidos destacan grandes transnacionales.
Apunte a PepsiCo, que dirige Isaías Martínez; Hershey’s, que lleva William Pritchett; Mondelez, que comanda Oriol Bonaclocha, y MARS, de Guilherme Secamilli, principalmente.
También mexicanas, como Alpura, de Francois Bouyra; Barcel-Bimbo, de Daniel Servitje; Sigma, de Rodrigo Fernández; La Moderna, de Luis Miguel Monroy, y Monte Xanic, de Hans Backhoff.
El tipo de investigaciones por posibles delitos sindicales que perseguirá la Casa Blanca son como la carpeta de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX número CI-FDF/T/UI-1S/D/00369/05-2019.
Ahí se revela que en 2016 Alejandro Martínez, el líder del SNAC, usurpó funciones como dirigente nacional y ocasionó un daño patrimonial por 13.6 millones de pesos a ese sindicato y a sus agremiados.
Contrató entonces los servicios de Mauricio Morales Bermúdez, un supuesto agente de The Non-Violence Project Foundation, que preside ni más ni menos que la ex mujer de John Lennon, la señora Yoko Ono.
Morales ofreció devolverle la inversión con una ganancia de 50%, y, posteriormente, hasta 75%, además de conocer celebridades y participar en eventos deportivos de clase mundial.
De acuerdo con la carpeta de investigación, Martínez Araiza realizó tres pagos a cuentas en EU por un total de 700 mil dólares, entre febrero de 2016 y enero de 2017, aun y cuando no tenía facultades para ello.
Y es que fue nombrado secretario general hasta 2019 y su toma de nota fue registrada en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que dirige Alfredo Domínguez Marrufo, el 20 de marzo de ese año.
En otras palabras, usó fondos sindicales para los que ni siquiera tenía capacidad de gestión.
Martínez reconoce, en una denuncia, que él mismo recibió los premios de boletos y viajes, así como que fue convocado a reuniones para conocer a celebridades del mundo del espectáculo y del deporte.
No se descarta que la denuncia de hechos haya sido un mero formulismo para curarse en salud, en caso de que los miembros del SNAC llegaran a enterarse del desfalco de los fondos que con tanto trabajo se reúnen con las cuotas sindicales aportadas por ellos.
Lo que es un hecho es que los trabajadores del SNAC perdieron 13.6 millones de pesos en una dudosa operación que no era del conocimiento ni fue autorizada por sus agremiados.
Sin embargo, sí sirvió para que su líder conociera a Paul McCartney y Ringo Starr, acudiera al Super Bowl de Atlanta, al Mundial de Futbol de Rusia en 2018 y pudiera participar en subastas de objetos artísticos a cuenta de las cuotas de los trabajadores.
EL INTENSO CABILDEO y presión que ejercieron integrantes de la industria y pocos senadores que no comulgan con las ocurrencias de la 4T, frenaron la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones, cuya votación estaba prevista para este lunes. La Presidenta Claudia Sheinbaum aceptó que su iniciativa, elaborada por su Consejera Jurídica, Ernestina Godoy; su coordinador de Asesores, Jesús Ramírez Cuevas, y su director de la nueva Agencia de Transformación Digital (ATDT), José Peña Merino, sea revisada y que algunos artículos, como el que abría la puerta a someter a las redes sociales y plataformas digitales, sean eliminadas. Incluso el líder de los senadores morenistas, Adán Augusto López, adelantó el mismo viernes que se abriría espacio para un Parlamento Abierto a fin de discutir con expertos, académicos, empresarios y ciudadanos los alcances de esa ley.
Uno de los senadores más activos en las recientes horas fue el chiapaneco Luis Armando Melgar, el único que representa al sector y que en 2014, siendo diputado del Partido Verde, votó la reforma de 2014 de Enrique Peña Nieto que ahora se pretende abrogar. La censura y control de los contenidos para radio, televisión y plataformas digitales por parte del Estado, así como la facultad de esa ATDT de suspender transmisiones de forma caprichosa y discrecional, calentaron la discusión. Y no se diga el golpe financiero que significa para los operadores privados los artículos que dan al segundo piso de la 4T el poder para obligarlas a ceder tiempos, regalar espectro y no cobrar derechos a nuevas empresas estatales, como Altán Redes y CFE Telecom.
Este miércoles concluye el periodo ordinario y es probable que entre hoy y mañana se fije calendario para un periodo extraordinario. El parlamento para discutir esta nueva Ley de Telecomunicaciones podría caer entre la segunda y tercera semana de junio, una vez que concluya el proceso de elección judicial.
UNA CAJA DE PANDORA están abriendo en Morena y el Gobierno Federal. Y es que la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, acaba de judicializar una carpeta a Sergio Arturo Ramírez, la cual se inició a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto. En el segundo piso de la 4T, enojados por la visibilidad y protagonismo que tomó este polémico abogado, parece que no se está dimensionando que están a punto de activar una bomba nuclear.
El litigante, que saltó a la palestra pública hace unas semanas por su catálogo de fotos con altos liderazgos del partido, que entonces presidía Mario Delgado y ahora Luisa María Alcalde y Andrés López Beltrán, así como prácticamente todos los secretarios del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, es altamente sensible para el mismo régimen. Qué necesidad de patear el panal. Es una ecuación perder-perder.
