El Senado de la República analiza una reforma que otorgaría amplias facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y las redes criminales vinculadas al narcotráfico.
La iniciativa, impulsada por el senador morenista Javier Corral, contempla modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal. Uno de sus puntos clave es que partidos políticos y sindicatos deberán reportar operaciones sospechosas de lavado, una medida que no fue aprobada cuando se creó la ley en 2011.
El dictamen también reconoce a la UIF como víctima en casos donde se utilicen servicios financieros para cometer estos delitos, permitiéndole tener un papel activo en los procesos penales. Además, la Fiscalía General de la República (FGR) estará obligada a informar a la UIF sobre cada caso detectado, con el objetivo de facilitar denuncias, recuperar activos y frenar redes delictivas.
Se elimina el requisito de comprobar dolo específico para sancionar a quienes entreguen información falsa o manipulada en los avisos obligatorios sobre actividades vulnerables.
La reforma también amplía el número de sujetos obligados a cumplir con medidas antilavado, incluyendo a casinos, inmobiliarias, comerciantes de metales y piedras preciosas, y empresas relacionadas con administración o creación de estructuras jurídicas. Las empresas mercantiles deberán identificar a quienes tengan el control sobre ellas y registrar cualquier cambio de propiedad.
Además, se obliga al INE a proporcionar información financiera de partidos, coaliciones y candidatos, mientras que las secretarías del Trabajo, tanto federales como locales, deberán reportar datos de sindicatos y sus dirigentes. Por su parte, Pemex tendrá que entregar a Hacienda la información que le sea requerida dentro de sus atribuciones.
El proyecto incorpora también la figura de Persona Políticamente Expuesta (PEP), obligando a las instituciones financieras a identificar y monitorear operaciones realizadas por funcionarios y exfuncionarios públicos, tanto nacionales como extranjeros. La Secretaría de Hacienda elaborará un listado oficial y actualizado de estas personas, con datos proporcionados por los tres poderes, organismos autónomos, entidades federativas y municipios.
Si una institución financiera no puede determinar si un cliente es una Persona Políticamente Expuesta, podrá consultar a la Secretaría de Hacienda para su verificación.
Hasta ahora, esta ha sido la única iniciativa de Morena que se ha discutido en parlamento abierto, realizado en enero de este año como parte del análisis legislativo encabezado por Javier Corral.