La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha iniciado una ofensiva contra los artistas de narcocorridos, género musical que considera una forma de promoción indirecta del crimen organizado. Entre los posibles afectados se encuentran figuras como Peso Pluma, Natanael Cano, Grupo Firme, Edgardo Núñez, Jr. Salazar y La Barranqueña de Mazatlán, quienes podrían perder sus visas si las autoridades estadounidenses determinan que sus canciones exaltan a grupos delictivos.
En apenas dos meses y medio, el gobierno estadounidense ha revocado más de 800 visas, entre ellas las de estudiantes internacionales y ciudadanos de ciertos países. Recientemente, esta política se ha extendido a intérpretes de música relacionada con el narcotráfico, como la banda Los Alegres del Barranco, sancionada tras exhibir imágenes de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un concierto en Jalisco.
Marco Rubio, secretario de Estado, ha reiterado que las visas son un privilegio y no un derecho, postura respaldada por Christopher Landau, subsecretario de la administración Trump, quien advirtió que la libertad de expresión no exime de consecuencias legales o administrativas. “No vamos a extender la alfombra roja a quienes enaltecen a criminales y terroristas”, declaró.
La música de los narcocorridos ha sido vinculada incluso con labores de inteligencia en México, ya que letras de canciones han ayudado a ubicar y detener a criminales. Un ejemplo reciente fue la captura de Mario Alexander “N”, alias “El Piyi”, exjefe de sicarios de Iván Archivaldo Guzmán, gracias a referencias contenidas en un corrido de Luis R. Conríquez y Tito Doble P.
Esta política de revisión de visas forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la seguridad nacional de EE. UU., limitando el acceso de personas relacionadas, directa o indirectamente, con redes delictivas. El impacto afecta no solo a los artistas, sino también a la industria musical, que depende de giras, presentaciones y colaboraciones internacionales, especialmente en territorio estadounidense.
La medida ha generado debate sobre los límites entre la libertad artística y la seguridad nacional. Mientras algunos defienden que los corridos reflejan una realidad social, otros consideran que su contenido contribuye a la normalización de la violencia y el crimen. El gobierno de Trump ha dejado claro que cualquier vínculo, real o percibido, con actividades ilícitas tendrá consecuencias.
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