El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló que la Presidencia de la República, legisladores, gobernadores y demás servidores públicos puedan promover la participación ciudadana en la elección judicial, siempre que no respalden a candidaturas específicas ni utilicen recursos públicos de manera indebida.

Con tres votos a favor y dos en contra, la Sala Superior modificó un acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que restringía la participación de funcionarios públicos en la difusión del proceso, con el argumento de proteger la equidad en la contienda.

La resolución permite a legisladores federales promover la elección judicial a través de medios diversos, siempre que los recursos públicos empleados estén destinados a comunicación social con fines constitucionalmente lícitos y sin sesgo político.

La presidenta del Tribunal, Mónica Soto, cuestionó el acuerdo original del INE, al señalar que promovía una elección “silenciosa” y que suprimiría la participación ciudadana. “No le estamos dando la vuelta a la Constitución”, dijo, al justificar el fallo.

El magistrado Felipe Fuentes aseguró que la Constitución no establece un silencio absoluto sobre estos procesos, mientras que Felipe de la Mata, autor del proyecto, argumentó que la elección judicial es de naturaleza distinta a las de carácter legislativo o ejecutivo, por lo que no aplican las mismas prohibiciones.

En sentido contrario, la magistrada Janine Otálora votó en contra al considerar que permitir la promoción por parte de servidores públicos abre la puerta a injerencias indebidas, al tiempo que contradice el principio de neutralidad que debe prevalecer en toda elección.

Reyes Rodríguez Mondragón, también en contra, advirtió que la resolución podría generar la percepción de que funcionarios promueven las candidaturas que postularon, lo que podría afectar la imparcialidad del proceso.

El Tribunal reiteró que sigue prohibido a las autoridades favorecer o perjudicar a alguna candidatura, y que toda difusión deberá apegarse a los principios de equidad, neutralidad e imparcialidad.