El Vigésimo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito resolvió por unanimidad que la sección “¿Quién es quién en las mentiras?” de la conferencia matutina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador operó como un instrumento de estigmatización, utilizando recursos públicos para desacreditar a periodistas críticos, y violando derechos fundamentales.

Según la sentencia, dicha sección no cumplía con los principios constitucionales de legalidad, objetividad y neutralidad, al establecerse mediante una orden verbal sin sustento normativo. El tribunal concluyó que fomentó la censura indirecta, la polarización social y la difusión de propaganda gubernamental, lo que erosiona los pilares democráticos del país.

El fallo se derivó del amparo promovido por el periodista Raymundo Riva Palacio, quien denunció expresiones de acoso, represalia y denostación en su contra por parte de López Obrador y Ana Elizabeth García Vilchis, vocera de esa sección durante las conferencias.

En entrevista, Riva Palacio calificó la resolución como un precedente extraordinario, al ser ordenada su publicación en el Semanario Judicial de la Federación, algo poco común en resoluciones de tribunales colegiados. Subrayó que esta sección generó “verdades alternas” que resultaron en difamación y daño reputacional hacia periodistas.

El tribunal recordó que el Ejecutivo sí tiene facultades para comunicar información pública, pero debe hacerlo bajo reglas claras, límites objetivos y respeto a las libertades democráticas. La ausencia de estos criterios convirtió a “¿Quién es quién en las mentiras?” en una herramienta de represión contra la prensa crítica, contraria a los artículos 6, 7, 16, 39 y 40 de la Constitución mexicana.

El caso se alinea con las observaciones del Informe Anual 2022 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya había advertido sobre el uso del poder para imponer versiones oficiales de la verdad sin garantizar el derecho de réplica.