La convocatoria a la reunión resultó un poco extraña. Casi una docena de empresarios del sector de transporte de combustible fueron citados en un departamento en Polanco. Allí, Azano les dijo que el gobierno estaba por frenar la entrada ilegal de combustible, lo que abría, para ellos, una oportunidad de transportar el que entrará a México con la nueva legislación, pero que debían hacerlo a través de él mismo.

A finales de marzo, el gobierno detectó que el megabuque Challenge Procyon, con bandera de Singapur, estaba importando ilegalmente al país 10 millones de litros de diésel en Tampico. Era solo el más reciente de una serie de buques que reportó la prensa y llegaron en los últimos meses.

Desde estos buques, a vista de quien quisiera, se descargó combustible de manera ilegal a unas largas filas de pipas. Oficialmente, los buques traían “aditivos para aceites lubricantes”. En realidad, eran millones de litros de combustible que salieron de Texas rumbo a México. Se reportó su salida de EU, pero nunca su llegada a México. Al no reportar su entrada, el gobierno mexicano no cobró millones de pesos en impuestos petroleros.

En los últimos meses, el gobierno de EU ha presionado a México por este comercio ilegal. Tuve acceso a un reporte del Senado de Texas, de noviembre de 2024, donde se afirma que “los cárteles mexicanos están involucrados directamente o a través de otras conexiones y se han beneficiado durante mucho tiempo del robo de combustible”. Agrega que los cárteles han infiltrado negocios legales en Texas y pagan 5 mil dólares en las fronteras terrestres por cada camión con combustible ilegal que cruza a México. Los cárteles ganan en promedio unos 6.5 millones de dólares a la semana solo con este negocio por tierra.

Otro reporte del Departamento del Tesoro, de septiembre pasado, dice que “el huachicol es la fuente más significativa de dinero no relacionada con las drogas que tienen los cárteles y otros actores ilegales” en México. En ese momento, la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a 26 empresas mexicanas que consideraban relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación y con “miles de millones de dólares en ganancias (para el cártel) y en pérdidas para el gobierno mexicano”.

Ahora, finalmente, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha decidido actuar. Y esta nueva etapa podría beneficiar a viejos proveedores. Esta semana, reportó Reforma, se confirmó que el comercio de combustible de EU a México está prácticamente parado, pues se están estableciendo controles más estrictos. La investigación federal de esta red, me dijeron fuentes con conocimiento del caso, incluye a políticos de alto nivel, funcionarios de aduanas, militares que vigilan carreteras, empresas que compraban el combustible robado y empresas que facturaban un producto que entró al país ilegalmente.

Mientras esto sucede en la frontera, en la Ciudad de México el empresario Azano está preparándose para aprovechar una nueva ventana de negocio, el transporte de combustibles que entrarán a México y deben distribuirse.

Conocí los detalles de la reunión gracias al relato de dos fuentes que estuvieron allí. Según estas versiones, Azano gritó y manoteó cuando algún empresario le dijo que no tenían pipas ni infraestructura suficiente para hacerlo. Se ufanó de contar con el respaldo del gobierno federal. Ya estará por verse si, en efecto, cuenta con dicho respaldo o no.

Otras fuentes del sector me aseguraron que Azano no es el único que está de vuelta y que, aprovechando una creciente ruptura al interior del gobierno de Sheinbaum, otros proveedores de tiempos del calderonato están de regreso, ofreciéndole al gobierno desde programas de espionaje hasta aviones.