El hallazgo del rancho en Teuchitlán, presuntamente vinculado al crimen organizado, provocó una reacción sin precedentes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que generó molestia en el entorno presidencial, donde crece la sospecha de una estrategia orquestada para afectar la imagen del Gobierno federal.

En Palacio Nacional se instaló en un primer momento la teoría de que el Cártel de Sinaloa alertó a colectivos de búsqueda sobre el sitio, en un intento por desviar la atención del Pacífico hacia Jalisco, lo que habría resultado conveniente para el gobernador Rubén Rocha, de Morena.

Sin embargo, tras la reciente visita de la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó a dar mayor peso a otra hipótesis: la posible intervención de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en el hallazgo del rancho. Esta versión se basa en antecedentes de tensión entre la DEA y el Gobierno estadounidense, tanto en la administración de Joe Biden como en la de Donald Trump.

Entre los elementos que refuerzan esta línea de investigación se encuentra la ausencia de rastros de ADN en ropa y pertenencias encontradas en el lugar, lo que genera dudas sobre su autenticidad, así como el alineamiento narrativo entre la DEA y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con sede en Viena, que ha solicitado asegurar el sitio como medida urgente.

Dentro del propio Gobierno federal también se han encendido alertas. Se ha discutido la posible responsabilidad del general Audomaro Martínez Zapata, exjefe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de quien se afirma que tenía conocimiento del rancho desde febrero de 2024 y actualmente pasa largas temporadas en Miami.

Ese antecedente explicaría el énfasis de la ONU en el aseguramiento del rancho, que habría estado expuesto a manipulaciones durante meses si el CNI ya conocía su existencia.