La presidenta Claudia Sheinbaum presentó al Senado una iniciativa de reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que prohíbe a concesionarios de radio, televisión y audio restringidos transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos extranjeros, con excepción de la promoción cultural o turística.

El proyecto, enviado por medio de la Secretaría de Gobernación, establece en el artículo 210 que los concesionarios que infrinjan esta norma podrán ser sancionados con multas del 2% al 5% de sus ingresos totales.

La iniciativa surge tras la difusión en televisión mexicana de un spot de la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en el que advierte a migrantes indocumentados que serán deportados si cruzan ilegalmente la frontera, en un mensaje promovido por el presidente Donald Trump.

“Los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos”, dice el anuncio, que fue transmitido en horarios de máxima audiencia en canales nacionales, lo que desató críticas por su tono discriminatorio y por atentar contra la dignidad humana, según denunció el propio Gobierno mexicano.

En respuesta, el Ejecutivo federal exhortó a las televisoras privadas a retirar el contenido, mediante una carta firmada por el Conapred, que fue leída públicamente por Sheinbaum el 21 de abril durante su conferencia matutina, la cual ahora denomina como la “mañanera del pueblo”.

La reforma también establece mecanismos más severos para la revocación de concesiones, mediante el artículo 68, que permite a la Agencia reguladora del sector rescatar frecuencias si se justifica debidamente y se notifica con al menos 35 días hábiles de anticipación.

Sheinbaum recordó que en 2014, bajo la administración de Enrique Peña Nieto, fue eliminado un artículo que prohibía expresamente la transmisión de propaganda extranjera, y señaló que con esta nueva legislación busca reponer esa protección legal y fortalecer los valores culturales, históricos y de derechos humanos en los medios de comunicación nacionales.

En el sector, la propuesta ha generado atención por el alcance de las sanciones económicas y la posibilidad de que se use la nueva ley para limitar contenidos con criterios políticos. La presidenta, sin embargo, insistió en que se trata de una medida para garantizar el respeto a la dignidad humana y la soberanía comunicativa del país.