Cinco o seis funcionarios de la empresa estatal Birmex, incluyendo al director general, fueron separados de su cargo tras detectarse irregularidades en el proceso de licitación de medicamentos, informó este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum.
La mandataria detalló que la decisión fue tomada luego de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno declarara nulo el proceso por encontrar medicamentos asignados a sobreprecio, así como denuncias de colusión entre servidores públicos y farmacéuticas.
“Todos aquellos que estuvieron involucrados directa o indirectamente con este proceso que no fue claro y que hubo colusión con algunas empresas privadas, fueron separados de su cargo”, declaró Sheinbaum, quien enfatizó que no se permitirá ningún tipo de complicidad en las adquisiciones públicas.
Los funcionarios separados incluyen al director general de Birmex, la directora administrativa, el director de logística, el director de planeación y otros colaboradores, algunos de los cuales llevaban años dentro de la institución, incluso desde antes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
La presidenta explicó que el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, fue quien coordinó el proceso general, pero las compras recaen directamente en Birmex, por lo que fue necesario cambiar al equipo completo mientras se desarrollan las investigaciones.
“Nosotros decidimos mover a todo el equipo directivo porque no puede darse la investigación y que ellos sigan ahí”, puntualizó Sheinbaum.
Por su parte, Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, afirmó que las investigaciones continúan en dos vías paralelas: una sobre el procedimiento de licitación y otra para determinar responsabilidades de los servidores públicos involucrados.
“El compromiso es que haya cero corrupción, que no haya impunidad, y que todos los responsables enfrenten las consecuencias, ya sea en vía administrativa o penal”, afirmó Buenrostro.
Las irregularidades detectadas involucraron 175 claves de medicamentos con sobreprecio cercano a 13 mil millones de pesos. El gobierno federal ahora analiza subastar nuevamente las partidas afectadas para garantizar el abasto y corregir el procedimiento.
