NADIE PUEDE ACUSAR sorpresa ni engaño. Vamos, ni siquiera curva de aprendizaje.
Se advirtió el riesgo de que en la reforma a la organización y naturaleza misma del proceso de elección en el Poder Judicial, el crimen organizado buscaría influir en la designación de jueces y magistrados.
Cómo estarán las cosas para que el senador Gerardo Fernández Noroña admitiera que “se les colaron”, al menos, veinte candidatos con ligas o posibles vínculos con el crimen organizado.
Lavarse las manos e invocar facultades inexistentes del INE, que preside Guadalupe Taddei, para corregir, la responsabilidad histórica estará en los comités que hayan conformado las listas de candidatos.
La presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la posición más sensible a blindar por ser la más simbólica, identificable y la más vistosa desde todos los puntos de vista.
Una de las recientes encuestas publicadas destaca a dos punteros para relevar a Norma Piña: una mujer y un hombre. La primera es la actual ministra Yasmín Esquivel y el segundo es Hugo Aguilar Ortiz.
Si bien la reseña curricular de Aguilar Ortiz es atendible, no lo es tanto para tomar las riendas de un Poder Judicial nuevo y que representará el reto histórico más importante para México del pasado reciente.
Tomando en cuenta que solo hay soluciones parciales a problemas totales, Esquivel podrá ser impopular y descalificada por la sociedad, pero no por sus resoluciones.
Y es indudable que tiene una larga carrera como juzgadora. Podrá ser afín a la 4T, pero no al grado del fanatismo y de intereses que sus contendientes, Lenia Batres y Loretta Ortiz.
Lo menos que merece México es una presidencia que no termine de arrastrar a la reforma que viene a un fracaso aún más estrepitoso del que muchos vaticinan.
Ha llegado el momento de hacer a un lado las ideologías: es la hora de buscar que se tome la mejor decisión con los hechos como están y con las circunstancias dadas.
Ojalá que los que voten decidan lo mejor para que esta reforma que se antoja de imposible beneficio tenga un mínimo de oportunidad con quienes encabecen su implementación en el periodo inicial.
LA SECRETARÍA DE Comercio, que encabeza Howard Lutnick; la Representación Comercial, a cargo de Jamieson Greer; el Departamento de Estado, de Marco Rubio, y las agencias de seguridad de Estados Unidos, como el FBI, que capitanea Kash Patel; la DEA, que comanda Terry Cole, y la CIA, de John Ratcliffe, están planteando que uno de los requisitos para la negociación del T-MEC.2 es que México modifique su actual Ley Aduanera y la equipare a la de Estados Unidos y Canadá. Pero sobre todo, lo que pretende la administración de Donald Trump es que los funcionarios mexicanos que estén en la franja fronteriza entre ambos países, cumplan con una serie de requisitos de capacidad profesional, idoneidad y un código de ética que pase la prueba de los estándares de los funcionarios de la aduana de ese país. Tal como se planteó en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) hace más de 30 años, los tres gobiernos van a tener que encaminarse a crear despachos aduanales, para que las mercancías puedan entrar al otro país sin ser revisadas. Y en caso de incurrir en algún ilícito o ilegalidad, los jefes de las aduanas de los gobiernos de cada nación tendrán que asumir la responsabilidad. Hoy el gobierno de los Estados Unidos considera que las aduanas mexicanas siguen siendo poco confiables, porque permiten la entrada de drogas sintéticas a la Unión Americana.
DADO QUE EL servicio de salud pública ha venido depauperándose en la última década, el gasto de bolsillo en la población se ha incrementado. Se estima que 50% de los mexicanos no tiene acceso a servicios de salud privados y 43% considera que en su localidad no existe atención médica de calidad. En los últimos 10 años se ha acelerado en 38% la aparición de consultorios contiguos a las farmacias. En la actualidad, más de 60% de las consultas se dan en esos espacios, ante la crisis que viven el IMSS, de Zoé Robledo; el IMSS-Bienestar, de Alejandro Svarch, y el ISSSTE, de Martí Batres. En ese contexto, le cuento que a partir de mañana comienza la apertura de Más Salud, un modelo innovador de atención médica con el que Grupo Salinas, mediante una alianza estratégica con el gobierno de India, busca adaptar lo mejor de la tecnología de ese país a las necesidades específicas de México. La particularidad que tiene este sistema que está lanzando Ricardo Salinas es que ofrece consultas médicas generales y con especialistas vía telemedicina asistida, estudios en sitio con resultados en minutos, y la posibilidad de surtir la receta en la misma visita, todo, en un mismo lugar. El procedimiento es a partir de telemedicina asistida y atención médica remota, en el que personal de enfermería en el sitio acompañará a las personas para obtener diagnósticos en un lapso de 15 minutos.
ALEJANDRO MARTÍNEZ ARAIZA fue reelecto por seis años como líder del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), gremio que su familia ha controlado desde hace casi seis décadas. Su abuelo, Genaro Martínez Moreno, lo encabezó desde 1966, y su padre Marco Antonio Martínez Armenta, lo sucedió en 2014, y el ahora nieto lo asumió en 2019. El SNAC representa a empresas como Ricolino, hoy de Mondelez, que lleva Oriol Bonaclocha; Sabritas y Gamesa de PepsiCo, que capitanea Isaías Martínez, y Mars Wrigley, de Guilherme Secamilli. Lo que inquieta no es la continuidad, sino el manejo irregular, por no decir fraudulento, de las cuotas sindicales. Un ejemplo: entre 2019 y 2024, el SNAC gastó 203 millones de pesos en telefonía celular, contratada mayormente con Telcel, la de Carlos Slim, muy probablemente a través de algún distribuidor autorizado. El gasto pasó de 400 mil pesos en 2019 a 53.3 millones de pesos en 2024. Si los ingresos anuales del sindicato rondan 80 millones de pesos, con 18 mil trabajadores que aportan entre 2 y 3% de un salario promedio de 15 mil pesos, el dispendio representaría más de 66% de su presupuesto en un solo año.
RECIÉN LE PLATIQUÉ sobre el marcaje personal que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) trae sobre Te Creemos y Consejo de Asistencia al Microempresario (CAME). Ambas celebraron en marzo asambleas en las que se resolvió llevarlas a concurso mercantil. Pues le cuento que los accionistas minoritarios lograron que un juez suspendiera las resoluciones adoptadas por los socios mayoritarios, en este caso el fondo estadounidense Creation Investments, de Patrick Fisher y Bryan Wagner, y el mexicano PC Capital, de Pablo Coballasi. Pretendían ponerlas en concurso mercantil en fast track, afectando a miles de ahorradores. El organismo de Jesús de la Fuente analiza si las interviene porque tiene conocimiento que Creation Investments realizó operaciones que podrían estar relacionadas con recursos de procedencia ilícita, además de que utilizaron mecanismos que benefician a los propios accionistas mayoritarios y a ciertos fideicomisos, en detrimento de los intereses de los ahorradores de este tipo de sociedades financieras populares que en muchos casos terminan operado para robar a sus ahorradores.
