La propuesta de reforma en materia de seguridad impulsada por Claudia Sheinbaum y diseñada por Omar García Harfuch acumula dos meses de retraso en la Cámara de Diputados, sin señales claras de avance, mientras en el oficialismo señalan a mandos militares como responsables del freno legislativo.
A mediados de febrero, García Harfuch sostuvo reuniones con diputados de Morena para explicar una serie de cambios que centralizarían las labores de inteligencia en la Secretaría de Seguridad y le permitirían actuar como parte acusatoria en procesos judiciales. Sin embargo, la iniciativa no ha sido dictaminada y, según fuentes legislativas, su discusión podría posponerse hasta agosto.
Dentro del Gobierno se reconoce que el retraso no obedece a diferencias sobre el contenido de la reforma, sino al nivel de poder que adquiriría García Harfuch, algo que ha generado resistencia en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Legisladores federales han sostenido contactos con altos mandos militares, quienes han solicitado pausar el proceso legislativo para alcanzar acuerdos con el secretario de Seguridad. En el Ejército preocupa que la Secretaría concentre funciones estratégicas, como la inteligencia y la planeación, mientras a ellos se les mantendría como brazo operativo en campo, pero con menor control sobre los recursos.
Además, las tensiones han aumentado por la reducción presupuestal que enfrenta la Sedena, tanto en obras prioritarias como el Tren Maya, como en temas salariales y de autonomía financiera. De aprobarse la reforma, la Sedena quedaría sujeta a la estrategia y planificación de la Secretaría de Seguridad, un cambio profundo respecto a la política de seguridad vigente durante el sexenio anterior.
Un diputado de Morena cercano al Ejército señaló que un incremento de recursos a la Sedena facilitaría el respaldo militar al nuevo diseño de seguridad, pero por ahora, las diferencias se mantienen.
En los hechos, la nueva estrategia ya se encuentra en marcha en las zonas más conflictivas del país, donde operan agentes vinculados a García Harfuch que supervisan movimientos militares, según fuentes castrenses. Muchos de ellos forman parte de la Guardia Nacional y están en nómina de la Sedena, lo que agrava el conflicto interno.