Lo que empezó hace unas semanas en la UNAM como movimientos estudiantiles que, por un lado se quejaban de los altos precios de los alimentos en las cafeterías universitarias y reclaman la instalación de comedores comunitarios con alimentos a bajo precio, y por el otro se oponen a la modificación del Reglamento Universitario para sancionar actos vandálicos que se cometan en instalaciones universitarias, ha comenzado a generar inestabilidad en la máxima casa de estudios con paros y protestas activos en nueve escuelas y facultades, y el estallido ayer de tres petardos que alarmaron en la Escuela Nacional Preparatoria número 5.
Y es que mientras las demandas originales se radicalizan cada vez más y, como siempre pasa en la Universidad Nacional, empiezan a asomarse manos e intereses ocultos que utilizan y manipulan a los estudiantes en sus legítimas posiciones, bloqueando y torpedeando cualquier intento de entendimiento entre las autoridades universitarias y los estudiantes, pareciera que hay grupos políticos o sociales externos que se montan en las protestas para agitar el ambiente universitario y presionar y desgastar a la rectoría de la UNAM.
Porque originalmente la protesta por la calidad y precio de los alimentos en las cafeterías y locales internos de la Preparatoria No. 2 parecía un movimiento genuino de los estudiantes de bajos recursos que argumentaban la incapacidad para pagar los precios de los alimentos y reclamaban su derecho a tener comida más accesible y nutritiva para todos aquellos alumnos que tienen que comer, por necesidad o tiempo en las instalaciones universitarias.
Pero la forma gradual y muy bien articulada en la que esa demanda de una Prepa en particular comenzó a crecer y a extenderse no sólo a otras preparatorias del sistema del Bachillerato universitario sino también a Facultades que llevaron esa petición al extremo de declarar paros y huelgas en las clases, confirma que la UNAM enfrenta, a estas alturas, un organizado proceso con fines de desestabilización que se ha extendido ya hasta nueve escuelas y facultades universitarias.
Una señal de la radicalización de estos movimientos es que no levantan sus paros y protestas a pesar de que ya desde la oficina del rector Leonardo Lomelí Vanegas, se ha dialogado en busca de acuerdos y soluciones para sus demandas, como la propuesta de echar a andar un “Plan de Apoyo Nutricional Ampliado” en agosto de este año o la decisión de la misma rectoría que ordenó, desde el pasado 9 de abril, el retiro de la reforma al artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario que proponía sancionar con suspensión o expulsión a los alumnos que atacaran con “actos vandálicos” instalaciones o edificios de la Universidad nacional.
Lejos de amainar o de levantar los paros en escuelas y facultades, ayer al mediodía en la Prepa 5, estallaron petardos al interior de las instalaciones. También hubo una marcha en el campus de CU, hacia las oficinas del CCH, en donde a esas demandas originales se le van sumando otras nuevas peticiones que se utilizan como argumento para escalar el conflicto sin que se busquen soluciones concretas.
Esto ha hecho que ya al interior de la comunidad universitaria empiece la preocupación siempre latente en los terrenos universitarios de que a los estudiantes los estén manipulando no para conseguir mejorar sus condiciones alimenticias o para evitar la destrucción y el vandalismo en las instalaciones universitarias, sino con otros intereses políticos ocultos que no dan la cara, pero que, como ha ocurrido cíclicamente, utilizan el territorio de la UNAM para provocar agitación y caos que fácilmente se puede trasladar también al ambiente político y a la estabilidad social y política del país.
La cuestión de fondo para saber qué es lo que realmente se está moviendo desde las sombras en la Universidad radica en la oportunidad y el contexto de la agitación estudiantil. Para nadie es un secreto que las relaciones entre la UNAM y el régimen de la 4T no han sido las mejores, en buena medida por los ataques, críticas y señalamientos ideológicos que se dedicó a hacer el expresidente López Obrador a la máxima casa de estudios a la que el tabasqueño llegó a calificar de “derechista”, “neoliberal” y demás adjetivos que buscaban estigmatizar a la pluralidad del pensamiento universitario.
También es sabido que dentro de Morena y del gobierno federal hay personajes y grupos, desde la propia presidenta hasta el director del ISSSTE, Martí Batres, pasando por varios secretarios de gabinete o funcionarios de primer nivel, que tienen un origen universitario y que su formación política e ideológica ocurrió en los movimientos estudiantiles y las huelgas en la UNAM.
Y por supuesto que nadie ignora, porque han sido públicos y abiertos, los intentos en las últimas dos sucesiones de la rectoría de alinear a la Universidad con las políticas y la ideología del actual régimen, algo que incluso se planteó en una estrategia de Reforma Universitaria presentada en 2021 por el entonces subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro, e implementada en una primera fase en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y que proponía aterrizar las reformas a la Ley General de Educación de 2019 con postulados claramente políticos e ideológicos como cambiar el modelo actual de la Universidad Pública para “impulsar su articulación con su realidad social y responder al llamado histórico como agente de desarrollo y ‘transformación’ social”.
Así que, mientras las autoridades universitarias intentan con poco margen presupuestal atender las demandas estudiantiles, como la de los “comedores comunitarios” a los que pretenden que pueda entrar cualquier persona a tomar alimentos y no sólo los estudiantes, las mechas encendidas en la UNAM, por manos que se mueven desde las sombras y que no dan la cara, parecen preparar el terreno para desestabilizar a la máxima casa de estudios sin darse cuenta, o tal vez sí y ese es el objetivo final, que no sólo desestabilizan y afectan a la educación y la formación de los estudiantes, que hoy tienen paradas las actividades académicas y los cursos en nueve facultades, sino que también si le prenden fuego a la pradera seca universitaria, el incendio político se pasará rápidamente al terreno social provocando un problema de inestabilidad y tensión para los gobiernos federal y de la CDMX.
Y entonces volvemos a la pregunta: ¿quién quiere agitar (y desestabilizar a la UNAM? Justo cuando el país enfrenta ya de por sí fuertes tensiones y amenazas externas y un complicado panorama económico.
NOTAS INDISCRETAS… Dos reveses legales obtuvieron en estos días “santos” dos de las candidatas más visibles a la nueva Suprema Corte de la Nación que se renovará en los complicados comicios del 1 de junio próximo. Por un lado la ministra Lenia Batres, que quiso convertir su slogan de campaña, en el que se autodenomina como “la ministra del Pueblo” en una marca comercial e industrial protegida, y acudió al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a solicitar su patente de marca; y por el otro la también ministra y candidata a ministra Loretta Ortiz, que pretendió desconocer el apercibimiento del INE para que retirara de sus redes sociales propaganda del Sindicato Mexicano de Electricistas, que la apoya en su campaña ilegalmente. En ambos casos las instituciones reguladoras les dieron palo a las ministras-candidatas a ministras. En el caso de Lenia Batres, el IMPI no sólo le negó el registro de su eslogan como marca protegida por las leyes de propiedad industrial, sino que en la negativa argumentó que dicha frase de “la ministra del Pueblo” no puede ser registrada porque contraviene los lineamientos legales, no sólo de la Propiedad Industrial sino también de la Constitución porque la designación de “ministra” sólo se la puede dar el voto popular y el eslogan que pretendía registrar Batres “es susceptible de engañar al público e inducir al error sobre las características del cargo” que según las leyes solo puede ostentarse mediante el voto popular. Mientras que a Loretta, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a propuesta del magistrado Felipe de la Mata, le negó la suspensión de la orden que ya le había dado el INE para retirar dicha propaganda a su favor del SME, por considerar que la actual ministra viola la ley al aceptar apoyos y promoción de un sindicato, algo que no permiten las reglas de la actual contienda judicial. Así que las ministras que pretenden seguir impartiendo justicia, ambas, son exhibidas por intentar violar la ley con sus registros de marcas y de apoyos ilegales de sindicatos… Los dados mandaron Escalera Doble. Subida.
