El Gobierno federal reportó el aseguramiento de 10 millones de litros de combustible ilegal durante el histórico operativo realizado a finales de marzo en el puerto de Tampico, Tamaulipas, aunque documentos oficiales apuntan que el volumen real confiscado sería de 20.6 millones de litros.

El decomiso ocurrió el 19 de marzo, cuando el buque Challenge Procyon arribó procedente de Texas con el cargamento que fue confiscado. La empresa Intanza, importadora del combustible, presentó cuatro amparos para recuperar el volumen completo, respaldando su reclamo con una factura de la empresa texana Hevi Transport LLC y el pedimento de importación fechado el 18 de marzo, correspondiente a un domicilio en un sencillo apartamento de la Avenida Luis Elizondo 335, en Monterrey, Nuevo León.

Registros muestran que Intanza ha importado “aditivos para aceites lubricantes a granel” desde el 12 de octubre de 2023, cuando ingresó 19 millones de litros a través del puerto de Guaymas, Sonora.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Francisco Javier Antonio Martínez, director de Administración y Finanzas de la ASIPONA de Tampico, mantiene vínculos empresariales con los accionistas de Intanza, Ramiro Rocha Alvarado y Ricardo Ayón Rodríguez, mediante la sociedad Comercializadora de Bienes y Servicios de Nuevo León Belure.

El funcionario asumió su cargo en marzo de 2024, apenas un mes antes de que Intanza realizara su primer ingreso de “aditivos” en el puerto de Tampico.