El régimen dictatorial inscrito en la Constitución baja paso a paso al mundo real, a las secretarías de gobierno, a los instrumentos concretos del poder.
El mecanismo de aterrizaje está echado a andar, la dictadura sembrada en la Constitución germina, se traslada paso a paso a la estructura real de poder. En el proceso puede haber pausas, pero no hay paso atrás.
Se aprueban leyes secundarias y reglamentos. Las normas constitucionales se vuelven facultades precisas de gobierno. La reforma judicial pasa del engendro legal a la ejecución práctica, lo mismo que funciones claves del Estado, antes autónomas y ahora burocráticas, como la transparencia y el acceso a la información.
Lo sucedido con el intento de aprobación supersónica de la a Ley de Telecomunicaciones debe verse como un tropiezo de la maquinaria, no como un cambio de rumbo.
El asunto fue muy obvio en su propósito: darle al gobierno la facultad de censurar lo que quiera, poniendo todo en manos de una sola agencia, con capacidad de decidir sus propias reglas para mandar, sin contrapesos ni equilibrios, sobre los medios y las redes sociales. Todo en una.
Fue demasiada sandía incluso para un Congreso plegado a las instrucciones que recibe, incluyendo la de no leer lo que aprueba.
Los diputados del gobierno recibieron una iniciativa de ley de 226 páginas a las 10 de la noche del miércoles 23 de abril y el jueves 24, a las 10 de la mañana, ya tenían decidido aprobarla en comisiones.
La oposición dio con la palabra exacta para definir la intentona. La llamaron Ley Censura, palabra que entiende todo mundo y cuyo rechazo está bien instalado en la opinión pública.
Supongo que los poderes reales en los medios y las telecomunicaciones leyeron también el riesgo contenido para sus negocios en la sandía que el Ejecutivo quería pasar como bola rápida.
La bola rápida fracasó. La presidenta Sheinbaum dio un paso atrás, concedió que cambiaran el texto de la iniciativa, que se aplazara la aprobación, etcétera.
Una pausa.
Creo que aciertan quienes ven en esta ley un aviso de las intenciones dictatoriales y hasta totalitarias del gobierno.
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