El Comité de Naciones Unidas sobre Trabajadores Migratorios advirtió sobre la falta de avances del gobierno mexicano en verdad, justicia y reparación para familiares de migrantes víctimas de masacres, desapariciones y violencia, y anunció que emitirá recomendaciones oficiales el próximo martes 15 de abril.

Durante la evaluación celebrada en Ginebra, el Comité solicitó información sobre las acciones realizadas por México para investigar violaciones a derechos humanos, fortalecer la búsqueda de desaparecidos e instalar una Mesa de búsqueda de migrantes, pendiente desde hace tres años. El Estado no respondió a ninguna de estas solicitudes.

Organizaciones civiles como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) denunciaron la ausencia de la FGR y del Instituto Nacional de Migración (INM) en la evaluación, lo que obstaculizó la atención a los cuestionamientos.

Entre los casos señalados figuran las masacres de 72 migrantes en 2010, las fosas clandestinas en San Fernando (2011) y Cadereyta (2012). La delegación mexicana se limitó a mencionar procesos judiciales sin informar avances ni sanciones por los crímenes. En relación con estos hechos, solo se han dictado dos sentencias contra 38 presuntos miembros de Los Zetas, pero únicamente por delincuencia organizada o portación de armas, no por homicidio, secuestro o tortura de migrantes.

El Estado también reconoció que, entre 2019 y 2025, se emitieron 53 sentencias por delitos contra migrantes, de las cuales solo 43 fueron condenatorias, y entre 2018 y 2023, apenas 15 por desaparición forzada, sin precisar si las víctimas eran migrantes.

El Comité expresó su preocupación por el uso de fuerzas militares en labores migratorias, señalando que el enfoque securitista afecta los derechos fundamentales de los migrantes. Casos como la masacre de Camargo (2021), el asesinato de Cristobal Cobreiro en Chiapas (2021), de Victoria Salazar en Quintana Roo (2021) y el incendio en Ciudad Juárez (2023) fueron mencionados como ejemplos de impunidad y falta de justicia.

Según la FJEDD, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente, sin políticas diferenciadas ni mecanismos transnacionales de atención a las víctimas, en un país que representa el mayor corredor migratorio del mundo.