Ginebra. El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) activó por primera vez en su historia el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, al considerar que en México este delito se comete de forma generalizada o sistemática.
El presidente del Comité, Olivier de Frouville, confirmó la decisión al término del 28º periodo de sesiones del CED, subrayando que la información recibida cumple con los criterios necesarios para activar este protocolo, el más severo del mecanismo internacional. Nunca antes se había aplicado a un Estado parte.
En las próximas semanas, el CED solicitará formalmente al Gobierno mexicano información pertinente sobre la situación de desapariciones en el país. Aunque el proceso busca establecer un diálogo constructivo con el Estado, la gravedad del caso podría llevar al Comité a presentar el tema ante la Asamblea General de la ONU, a través del Secretario General.
México ha sido señalado desde 2021 por el mismo Comité como escenario de desapariciones forzadas de carácter sistemático. En aquella ocasión, se recomendó al Gobierno implementar una política nacional integral para prevenir y erradicar este fenómeno, lo cual, según organizaciones civiles, no se ha cumplido de manera efectiva.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) calificó la decisión como un hecho inédito que marca un precedente internacional. La organización afirmó que el anuncio es “un paso importante para el acceso a la verdad y la justicia de miles de familias”.
El Comité contra la Desaparición Forzada está integrado por expertos independientes, quienes tienen el mandato de supervisar el cumplimiento de la Convención. Su labor incluye asistir a víctimas y organizaciones en la búsqueda de personas desaparecidas, así como en la sanción y prevención de este delito.
Durante el periodo de sesiones reciente, el CED también reconoció el fin del mandato de cinco de sus integrantes: Juan Pablo Albán Alencastro (Ecuador), Mohammed Ayat (Marruecos), Suela Janina (Albania), Milica Kolakovic-Bojovic (Serbia) y Horacio Ravenna (Argentina).
El procedimiento activado por la ONU contra México podría derivar en un escrutinio internacional más severo, dado que el derecho internacional define como crímenes de lesa humanidad aquellos actos cometidos de forma sistemática y con conocimiento del Estado.
