Al sistema le temblaron las corvas. Esta vez se movió rápido, casi en automático. ¿La razón? La revelación de que aspirantes a jueces y magistrados tenían conexiones con el crimen organizado —o peor, con antecedentes criminales— encendió no solo las alarmas mexicanas, sino las estadounidenses.

Porque una cosa es hacerse de la vista gorda aquí, y otra es que te señalen del otro lado del río como cómplice de organizaciones terroristas. Y así, de golpe, cualquier personaje de la 4T que haya facilitado o permitido estas ternuras judiciales puede caer bajo el escrutinio de Washington. El mismo que no perdona cuando se trata de seguridad nacional, y mucho menos si se tocan fibras sensibles como el narcotráfico en clave de “terrorismo internacional”.

Aquí ya no es cuestión de si sabían o no sabían. Es de quién firmó, quién avaló, y quién se hizo el disimulado mientras los expedientes pasaban como en subasta. Porque para los gringos no hay “fue sin querer queriendo”. Hay consecuencias. Y las consecuencias podrían llegar en forma de condiciones para renegociar el Tratado de Libre Comercio.

Sí, leyó usted bien.

Estados Unidos podría aprovechar este escándalo para poner sobre la mesa una exigencia diplomática disfrazada de favor comercial: “Queremos seguir comerciando con ustedes, pero no con narcojueces en el banquillo”. Así de fino. Así de directo. Y si no paran esa elección judicial, el mensaje es claro: se puede tambalear la firma trilateral que da oxígeno a México.

El Senado ya lo sabe. El Congreso también. Algunos hasta lo han dicho en voz alta. Y otros ya piden la cabeza del responsable, aunque no sepan cuál es. Porque en esta danza de impunidad, nadie quiere quedarse con la música cuando paren el baile.

Pero cuidado: detener la elección de jueces también significaría una victoria simbólica para la oposición. Sería aceptar que algo huele podrido en Dinamarca, y que no todo está bajo control en el reino de la 4T. Una pausa sería admitir que el experimento judicial de “elección popular” es una receta cocinada sin control de calidad. Es abrir la puerta a que el vecino opine, meta mano, y ponga condiciones.

Y eso, en un sexenio donde el presidente quiere pasar a la historia como el gran reformador del Poder Judicial, sería un revés de proporciones épicas.

Por ahora, ya hay nervios. Ya hay reuniones privadas. Ya hay filtraciones a la prensa. Y lo más importante: ya hay ojos gringos apuntando a San Lázaro, al Senado y a Palacio Nacional.

En este caso, no se trata de si la casa está en orden.

Es que afuera ya llegó la patrulla.