México ocupa el tercer lugar a nivel global en crimen organizado, solo detrás de Myanmar y Colombia, de acuerdo con el informe Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe, elaborado por el Banco Mundial en colaboración con la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GITOC, por sus siglas en inglés).

El reporte revela que México es el país con mayor presencia en mercados ilícitos en la región, con participación en 13 de los 15 analizados, por encima de Brasil y Colombia, que figuran con ocho cada uno. El índice está compuesto por dos puntajes: uno que mide la criminalidad —incluyendo el alcance y la estructura de 15 mercados ilegales y cinco tipos de actores delictivos— y otro que evalúa la resiliencia de los países ante este fenómeno.

El estudio destaca que los grupos criminales en México controlan extensos territorios, tanto urbanos como rurales, donde ejercen funciones de gobierno mediante la coerción y la violencia. Estas organizaciones no solo dominan mercados ilegales, sino que también suplen funciones estatales, ofreciendo seguridad y justicia en comunidades abandonadas por las autoridades.

“El cobro de ‘impuestos’ a empresas es una práctica común de los grupos de crimen organizado en los territorios bajo su control”, apunta el documento, al detallar que el fenómeno incluye formas de gobernanza criminal, extorsión y captura del Estado.

Según el Banco Mundial, México lidera también en la tasa de victimización por crimen organizado en América Latina, seguido de Venezuela y Argentina. El informe atribuye el crecimiento de la violencia a la reorganización de grupos criminales frente a las políticas de seguridad y a la pandemia de Covid-19, que abrió espacios para que estas organizaciones ganaran legitimidad social en zonas con alta desigualdad.

El organismo señala que las operaciones contra el narcotráfico en México, así como las incautaciones de drogas en Colombia entre 2006 y 2009, intensificaron los niveles de violencia en ambos países. Además, subraya que durante la pandemia, los grupos delictivos fortalecieron su control territorial al brindar apoyo económico y social a poblaciones marginadas.