“El nacionalismo, lo mismo el centralista que los periféricos, es una catástrofe en todas sus manifestaciones”, decía el fallecido Mario Vargas Llosa, sin duda uno de los grandes escritores del último siglo y un pensador liberal que marco época y con sus libros a muchos de nosotros.
En estos días de Semana Santa perdimos a Vargas Llosa y tuvimos algunas reacciones en el gobierno federal que resultan desconcertantes en relación con las elecciones del domingo pasado en Ecuador. El gobierno federal, que como el de López Obrador había apostado por la candidata Luisa González, digirió muy mal el triunfo del conservador Daniel Noboa por más de 12 puntos de ventaja. La presidenta Sheinbaum insistió en que no se mantendrán relaciones diplomáticas con Ecuador mientras Noboa esté al frente del gobierno y se adhirió a la tesis del fraude sostenida por Luisa González y su padrino, el expresidente, prófugo por corrupción, Rafael Correa. Esta semana, desconcertó aún más que se emitiera un duro comunicado contra el gobierno ecuatoriano hablando de la “inescrupulosa creación de narrativas” de Noboa involucrando a México.
En realidad, en Ecuador, guste o no Noboa, no hubo fraude alguno y así lo han reconocido todos, menos Correa; segundo, el gobierno de ese país no involucró al de México en trama alguna, inescrupulosa o no: lo que informó, basándose en reportes de inteligencia es que sicarios mexicanos y de otros países estaban tratando de organizar un atentado contra Noboa luego de su elección. Nunca habla o acusa de ello al gobierno mexicano, y no se entiende por qué se pone un saco que no es suyo.
Nadie se debería sorprender de la posibilidad de atentados en Ecuador. En los comicios de hace año y medio, los primeros que ganó Noboa, fue asesinado un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, un periodista que había sido un férreo opositor a Correa denunciando precisamente las relaciones del expresidente con las FARC y como, a través de éstas, le había abierto el Ecuador a los cárteles colombianos y mexicanos.
Esa historia la contamos, en parte, en el libro Las FARC en México, de la política al narcotráfico (Aguilar, 2009) y la hemos ampliado en varias ocasiones en este espacio. Cuando asumió Correa la presidencia de Ecuador en 2007, el Plan Colombia había desfondado a las FARC, al ELN y a los grupos del narcotráfico. Con base en los documentos encontrados en el campamento del comandante de las FARC, Raúl Reyes, que se había asentado en Ecuador, cerca de la frontera con Colombia y que fue abatido en un ataque de grupos de élite del ejército colombiano, se comprobaban ampliamente las relaciones de ese grupo armado (íntimamente relacionado con el narcotráfico) con el gobierno de Correa.
Allí están documentadas las reuniones de funcionarios del gobierno ecuatoriano, entre ellos el ministro coordinador de la Seguridad Interna y Externa de Correa, Gustavo Larrea, con el propio Reyes, y los compromisos adquiridos, que incluían dejar que en toda la zona fronteriza actuaran libremente, con autoridades afines, los integrantes de las FARC.
Éstas tenían desde años atrás relación con los grupos criminales en México a través de un importante comandante de las FARC, apodado El Mono Jojoy, con los Arellano Félix. Cuando fueron aniquilados los hermanos Arellano, pasaron con el Cártel de Sinaloa, que ya tenía como proveedor de cocaína a distintas organizaciones criminales colombianas.
Fue a través de ese acuerdo con Correa como entró el Cártel de Sinaloa en Ecuador en 2009. La idea original era tener en Ecuador, ante la presión que se vivía en Colombia, una base desde donde México pudiera enviar cocaína. El Cártel de Sinaloa comenzó a establecer relaciones con bandas locales y funcionarios ecuatorianos, al mismo tiempo que se apropiaban de espacios cada vez mayores.
El gobierno de Correa terminó en 2017, con la elección de uno de sus operadores, Lenin Moreno, que rompió con Correa, pero mantuvo la misma política de extrema laxitud con el crimen organizado. Es cuando entra en escena en Ecuador el Cártel Jalisco Nueva Generación, que ya tenía presencia en Colombia desde los tiempos en que eran operadores de Nacho Coronel, muchas veces relacionados con el ELN.
La caída del gobierno de Lenin Moreno encontró a esas organizaciones y sus filiales locales enfrentadas radicalmente en todos los frentes. Los asesinatos aumentaron 200%, luego de la llegada de Guillermo Lasso al poder. Las fuerzas de seguridad, sobre todo las policías, estaban profundamente corrompidas y penetradas por los criminales que, además, manejaban desde las cárceles, con toda libertad, sus negocios y su guerra.
La violencia y la virulenta oposición acabaron con el gobierno de Lasso, que antes sufrió el asesinato del candidato Fernando Villavicencio a mano de los cárteles. En ese contexto ganó Noboa las elecciones de 2023, cuando compitió, como ahora, contra la correísta Luisa González.
Noboa declaró el estado de guerra interno y ordenó la aniquilación de los grupos criminales. Hasta ahora no lo ha logrado, pero volvió a recibir la mayoría de los votos el pasado domingo 13 de abril.
El comunicado de inteligencia militar ecuatoriano se divulgó días después. Noboa se equivocó cuando ordenó hace más de un año penetrar la embajada de México para detener a uno de los principales operadores de Correa acusado de narcotráfico y corrupción. Pero el gobierno mexicano también, al apoyar durante tantos años a Correa y sus sucesores, cómplices de los cárteles en su país. Sería hora de trascender los nacionalismos vacíos y enfrentar a los verdaderos enemigos.
