El gobierno de Estados Unidos busca presionar a México para quedarse con una bolsa de 650 millones de dólares correspondiente a los recursos que el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, desvió del erario mexicano a través de las empresas de la familia Weinberg. Así se lee en Palacio Nacional el interés de la Corte de Florida por documentar y revelar transferencias de estas mismas compañías a la pareja sentimental del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.
Este lunes, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que una jueza norteamericana solicitó información sobre una decena de personas involucradas con las transferencias realizadas a través de las compañías de Mauricio Samuel Weinberg López, presunto prestanombres del exsecretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón, entre las que se encuentra Julia Elena Abdalá Lemus, quien habría recibido en total 4.5 millones de dólares en cuentas personales y en una empresa offshore panameña de la que es accionista desde 2012.
El caso se desprende de la demanda que el Gobierno de México presentó el 21 de septiembre de 2021 ante la Corte de Florida para recuperar, en favor del erario mexicano, activos vinculados con operaciones financieras ilegales realizadas por Genaro García Luna y “sus cómplices”. El proyecto fue iniciativa del entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, con la colaboración de representantes legales de los despachos Krupnick Campbell Malone Buser Slama & Hancock y Acevedo Scott PLLC.
En principio la demanda reclamaba la restitución de 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a García Luna, constituidos con recursos obtenidos a través de contratos entregados irregularmente por las dependencias del gobierno mexicano durante el sexenio de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Todos estos cuentan con propiedades u operaciones incluidas en la jurisdicción de Florida. La suma total de los bienes que la UIF pretendía recuperar era de 250 millones de dólares.
El tema ha sido frecuentemente motivo de conflicto para la 4T y sus funcionarios. A finales del 2022, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, abrió una investigación contra Santiago Nieto y los firmantes de esta demanda por haber comprometido hasta el 30% de los recursos que se podrían recuperar para el pago de los despachos de abogados, un esquema de cobro a manera de “cuota litis”. El nuevo titular de la UIF, Pablo Gómez, no sólo se apegó a este formato de contrato, sino que triplicó la cifra a reclamar.
Se sabe que las autoridades estadounidenses han sido conscientes de estas vicisitudes que ha experimentado la demanda de México, a casi cuatro años de iniciada esta cruzada. Pero ahora que la jueza Lisa Walsh desempolvó el caso, las investigaciones se centran en la relación financiera y personal que los Weinberg tienen con Manuel Bartlett y su pareja.
En este tema, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está contra la pared; primero porque involucra a una persona –Abdalá Lemus– por cuyas manos pasaron prácticamente todos los contratos de la CFE, –según las denuncias de los contratistas– y más aún porque llegan a Manuel Bartlett, protegido por López Obrador durante todo su sexenio.
No parece coincidencia que entre los muchos nombres que se manejan como “cómplices” de García Luna se haya puesto el ojo sobre el extitular de la CFE, sobre todo por su relación con la muerte del agente especial de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, y en el contexto de la reciente extradición del “narco de narcos”, Rafael Caro Quintero, a Estados Unidos.
Posdata 1
Ya se comienzan a revelar los detalles de la reunión del viernes entre la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Ayer, en una entrevista con Fox News, Noem dijo que si bien la reunión fue “productiva”, llevó a la Presidenta de México una lista con “ opciones de más cosas que podría hacer”. “Queremos que comparta más información con nosotros”, dijo.
La funcionaria del gobierno de Donald Trump llevó “una serie de cosas” que el Presidente estadounidense “estaría contento de ver”, por lo que, de cumplirse sus solicitudes, podría haber un mejor acuerdo sobre el tema de los aranceles.
En este contexto se da también una nueva llamada entre el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el viaje del secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, junto con el encargado para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, a Estados Unidos.
A contrarreloj, la operación para evitar en la medida de lo posible los aranceles de Trump. La pregunta clave es si en la lista de prioridades que la secretaria Noem entregó al Gabinete de Seguridad y a la Presidenta Sheinbaum está la de arrestar a ciertos políticos vinculados al crimen organizado y enviarlos a Estados Unidos.
Posdata 2
A propósito de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien encabeza al Gabinete de Seguridad, sigue dando golpes al crimen organizado. Esta vez contra el llamado ‘huachicol’ marítimo, tras el decomiso de un buque que transportaba 10 millones de litros de diésel robado.
El decomiso se llevó a cabo en Altamira, Tamaulipas, donde una embarcación arribó al puerto de Tampico con una supuesta carga de aditivos para aceites y lubricantes; no obstante, tras una inspección, se descubrió que transportaba combustible ilícito.
Además del buque con el diésel robado, las fuerzas de seguridad aseguraron 192 contenedores, 29 tractocamiones, armamento y vehículos.
El “huachicol” de combustibles es uno de los ilícitos que más importan al gobierno de Trump, porque es una gran fuente de financiamiento para las organizaciones criminales.
Posdata 3
Este martes será la verdadera presentación del recién designado nuevo secretario de Hacienda, Edgar Amador, con la presentación de los Precriterios de Política Económica 2026. Más allá de los pronósticos del gobierno federal para el próximo año, lo que será más relevante saber es la perspectiva que tiene el nuevo titular de la economía en 2025.
Los analistas anticipan un estancamiento de la economía mexicana este año, en el mejor de los casos, y una caída si la política comercial proteccionista de Estados Unidos asesta un duro golpe a las exportaciones mexicanas.
Los reflectores estarán en el déficit fiscal y en la proyección de crecimiento del PIB. En el primer caso, lo más probable es que Hacienda mantenga la meta de regresarlo al 3.9%, como se anticipó en el Paquete Económico 2025, sobre todo a la luz de los fuertes recortes al gasto público durante el primer bimestre del año: 220 mil 283 millones de pesos, principalmente en gasto programable del gobierno federal y con tijeretazos al IMSS, el ISSSTE, Pemex y CFE.
Por otro lado, la desaceleración económica mundial y la recesión técnica con la que habría cerrado el primer trimestre la economía mexicana han derivado en menores ingresos vía impuestos y petróleo. Así que viene un segundo trimestre muy complicado, por lo que el mensaje de este martes del secretario de Hacienda será muy relevante. Comenzaremos a ver el tono de sus palabras y de qué está hecho Edgar Amador.
