La desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) dejó en pausa al menos 775 juicios promovidos por empresas del sector eléctrico e hidrocarburos, las cuales impugnan resoluciones relacionadas con multas, clausuras, negativas o cancelaciones de permisos y sanciones diversas.
Entre los casos más relevantes figura el amparo presentado por la empresa española Iberdrola en 2022, contra una multa de 9 mil 145 millones de pesos, cuya ejecución permanece suspendida, aunque aún no se ha dictado sentencia de primera instancia.
Stellantis, matriz de marcas como Chrysler, Fiat y Peugeot, también litiga una resolución que excluyó a sus plantas de un esquema de autoabastecimiento eléctrico. Asimismo, diversas organizaciones, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), interpusieron recursos legales contra un acuerdo que clasificó como “limpia” la energía generada con gas natural.
Otras empresas impugnan disposiciones como la que permite a generadoras privadas abandonar el abasto privado para contratar con la CFE, y la que impone condiciones al uso de la red privada de ductos de gas natural más extensa del país, de 2 mil 17 kilómetros, en un caso promovido por Esentia Energy.
En el sector del gas LP, compañías buscan eliminar el tope de precios en bodegas y estaciones de servicio, lo que representa el 18 por ciento de las ventas totales y un impacto estimado de 5 mil 989 millones de pesos anuales.
Desde el 19 de marzo, cuando se publicó el paquete de leyes secundarias de la reforma energética impulsada por el Gobierno federal, la CRE dejó de operar oficialmente, tras 32 años de existencia. Desde entonces, actuarios han acudido sin éxito a sus instalaciones en Periférico Sur, sin encontrar funcionarios que atiendan los requerimientos judiciales.
La ley establece un periodo de 90 días en el que estos juicios permanecerán congelados, hasta que los expedientes sean trasladados a la nueva Comisión Nacional de Energía (CNE), cuyo titular debe ser designado por la presidenta Claudia Sheinbaum antes del 19 de abril, sin necesidad de ratificación por parte del Senado.
En paralelo, también quedó extinta la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), aunque esta enfrentaba muy pocos litigios vigentes al momento de su desaparición.
El impacto de la reforma también alcanzó al ámbito de la transparencia, con la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Al menos 469 juicios en curso sobre acceso a la información y protección de datos quedaron congelados durante seis meses, mientras se habilitan tribunales especializados que aún no existen.
El nuevo órgano garante, Transparencia para el Pueblo, quedará bajo control del Ejecutivo federal y no podrá presentar controversias ni acciones ante la Suprema Corte de Justicia, según lo establece la reforma aprobada por Morena y sus aliados.
El Poder Judicial Federal tiene un plazo de 120 días para crear los nuevos tribunales, justo en medio de otro proceso de reforma que plantea la elección por voto popular de jueces y magistrados y la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, encargado desde hace tres décadas de la administración del sistema judicial.
