Un total de 456 personas fueron espiadas en México entre abril y mayo de 2019 con el software Pegasus, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, reveló la organización Artículo 19, con base en documentos judiciales del litigio entre WhatsApp y la empresa israelí NSO Group. La cifra ubica a México como el país con mayor número de víctimas de vigilancia con Pegasus ese año, por encima de naciones como India (100 víctimas) y Baréin (82).

La información fue obtenida a partir de un listado de mil 233 usuarios afectados, entregado por WhatsApp como parte de las pruebas en el juicio contra NSO Group. Los ataques relacionados con México representan el 37% del total mundial, lo que —según Artículo 19— “sugiere la verdadera escala de la vigilancia ilegal en México y la gravedad del encubrimiento de estos abusos por parte del gobierno mexicano”.

La organización también recordó que en 2022, la investigación “Ejército Espía” evidenció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) firmó un contrato con la empresa Comercializadora Antsua el 12 de abril de 2019, para adquirir un “Sistema de Monitoreo Remoto de Información”, tecnología vinculada con Pegasus. Pese a ello, la Sedena se ha negado a entregar información sobre dichos contratos, a pesar de una resolución definitiva del INAI que le ordena hacerlo.

El operador final de Pegasus en México fue identificado como el Centro Militar de Inteligencia, una agencia secreta vinculada a las Fuerzas Armadas. Desde ahí, se habrían ejecutado actividades de espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos que investigaban presuntos abusos cometidos por el Ejército.

Artículo 19 señaló que representantes de NSO Group han reconocido a México como cliente de la empresa, lo que contradice las declaraciones oficiales que han negado el uso del software. “Las mentiras de la administración pasada han quedado expuestas ante las abrumadoras pruebas del uso de Pegasus”, añadió la organización en su comunicado.

La organización reiteró su exigencia de una investigación independiente sobre los casos de espionaje, así como una reforma legal que establezca controles efectivos sobre las facultades de vigilancia del Estado mexicano.