El gobierno de Estados Unidos destinó 200 millones de dólares a una campaña publicitaria antiinmigrante que se difunde ampliamente en medios mexicanos, sin que el contrato haya sido adjudicado por medio de licitación. Los anuncios, encabezados por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, han aparecido en televisión abierta, plataformas digitales y transmisiones deportivas en horario estelar.
De acuerdo con el medio estadounidense Semafor, que tuvo acceso a documentos oficiales, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) omitió un proceso competitivo completo para asignar la primera fase de la campaña a dos empresas con vínculos al Partido Republicano. Una de ellas es People Who Think, LLC, dirigida por Jay Connaughton, exasesor de medios de la campaña de Donald Trump en 2016; la otra es Safe America Media, LLC, fundada días antes del proceso de adjudicación y vinculada al consultor Mike McElwain.
Aunque el DHS afirmó que se realizó un “proceso competitivo de adquisición”, documentos revisados por la agencia AP muestran que se invocó una cláusula de “urgencia inusual y apremiante” derivada de la emergencia nacional fronteriza, decretada por Trump, para evitar la licitación abierta.
Safe America Media ya recibió 16 millones de dólares para la compra de espacios publicitarios. La campaña, anunciada en febrero, tendrá una duración de dos años y se extenderá a nivel internacional con presencia en televisión, radio, plataformas digitales y redes sociales como YouTube, X y TikTok.
En México, los anuncios subtitulados en español presentan a Kristi Noem advirtiendo que los migrantes que crucen ilegalmente serán “cazados”. También elogia a Trump por hacer “seguro” a Estados Unidos de nuevo, mientras equipara la migración irregular con actos criminales, lo que podría violar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que prohíbe contenidos estigmatizantes.
En Estados Unidos, la misma campaña promueve el uso de la app CBP One para la “autodeportación” de personas en situación migratoria irregular, un enfoque distinto al que se le daba durante la administración de Joe Biden, cuando servía para iniciar procesos de solicitud de asilo.
Ni Connaughton ni McElwain respondieron a solicitudes de comentarios. El DHS mantiene su postura de que el procedimiento fue legal.
