El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó esta semana una nueva fuerza especial con facultades investigativas, al mismo tiempo que lideró el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel ilícito, acciones que marcan su creciente protagonismo en la estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum.
La creación de la nueva unidad ha provocado tensiones con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en medio de un contexto económico restrictivo y de disputa por los recursos federales asignados a las tareas de seguridad pública.
A diferencia del sexenio anterior, en el que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional concentraban protagonismo y presupuesto, la administración actual ha desplazado el foco hacia la seguridad civil, liderada por Harfuch, considerado el hombre fuerte del gabinete en materia de seguridad desde antes de las elecciones de 2024.
El lunes, García Harfuch lanzó la convocatoria para integrar la primera generación de Agentes de Investigación e Inteligencia de la SSPC, como parte de la nueva fuerza habilitada bajo las reformas a las leyes de seguridad aprobadas por el Congreso. Paralelamente, trabaja en la creación de la Unidad Nacional de Operaciones (UNO), según reveló el medio Milenio.
El objetivo de Harfuch es formar hasta 15 mil nuevos agentes, algunos de los cuales podrían provenir de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la Sedena habría condicionado su apoyo a que se mantenga el mismo número de efectivos en sus filas, y que los recursos financieros se mantengan bajo control militar, no bajo la SSPC.
Estas diferencias reflejan la tensión entre los mandos castrenses y el nuevo modelo de seguridad impulsado por la presidenta Sheinbaum, quien ha anunciado aumentos salariales que aún no se han concretado, lo que ha generado malestar dentro de las Fuerzas Armadas.
La presión se ha intensificado con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, debido a sus exigencias para que México combata con mayor dureza al crimen organizado, lo que ha dado mayor visibilidad al trabajo de García Harfuch. Además, la amenaza de nuevos aranceles por parte de Washington pone mayor presión sobre el gasto público, agudizando la disputa presupuestal entre la SSPC y la Sedena.
En este escenario, la consolidación de la seguridad civil y la resistencia militar se perfilan como uno de los principales desafíos internos del gobierno federal en su estrategia para combatir la violencia en el país.
