La Fiscalía de Estados Unidos ha comenzado negociaciones con Ismael “El Mayo” Zambada para alcanzar un acuerdo de culpabilidad que permita evitar un juicio prolongado y, sobre todo, la posible imposición de la pena de muerte, confirmaron este martes documentos enviados al juez Brian Cogan, quien también condenó a cadena perpetua a Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En el escrito, el fiscal especial John Durham solicita aplazar la audiencia del 22 de abril al 16 de junio, argumentando que las partes están discutiendo “una potencial resolución para acortar el juicio” tras el intercambio de ciertos elementos probatorios. Sin embargo, la fiscalía aún evalúa si solicitará la pena capital contra el capo sinaloense, de 77 años de edad.
La defensa de Zambada, encabezada por el abogado Juan Manuel Delgado, sostiene que su cliente está dispuesto a cooperar con el gobierno estadounidense siempre que esto garantice su supervivencia. “Él sabe que va a pasar el resto de sus días en prisión, lo que no quiere es que lo maten”, declaró Delgado al diario El País.
Zambada fue entregado en 2024 bajo circunstancias no aclaradas, luego de haber evitado la prisión durante cinco décadas. Según versiones extraoficiales, fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, hijo de El Chapo, y trasladado en un avión rumbo a territorio estadounidense, lo que habría fracturado internamente al Cártel de Sinaloa y desatado una violenta disputa entre Los Chapitos y La Mayiza.
La entrega del capo derivó también en el asesinato del exrector Héctor Cuén y en señalamientos que salpican al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, generando un conflicto interno de grandes proporciones.
El Mayo enfrenta cargos por narcotráfico, delincuencia organizada y tráfico de fentanilo, una sustancia que el gobierno de Estados Unidos considera de alta prioridad en su política de seguridad nacional debido a la epidemia de sobredosis por opioides. El juez Cogan ya ha señalado que estos delitos podrían calificar como lesa humanidad, lo que abre la puerta legal a la pena de muerte.
En febrero, Zambada envió una carta al consulado mexicano en Nueva York solicitando su repatriación, argumentando que la pena capital violaría la soberanía de México. En esa misiva, advirtió que su proceso “podría colapsar la relación bilateral”, una expresión que ha sido interpretada como advertencia del contenido sensible que podría revelar si decide colaborar con la justicia estadounidense.
La Fiscalía no ha descartado que, a cambio de su vida, El Mayo proporcione material “clasificado” sobre las redes de corrupción, operaciones de cárteles rivales, rutas de trasiego, y posibles vínculos políticos y empresariales en México, lo que pondría a prueba la relación entre ambos gobiernos, especialmente en un contexto de creciente presión por parte de la administración de Donald Trump, que ha exigido resultados concretos en la entrega de capos y en el combate al fentanilo.
La presidenta Claudia Sheinbaum, consultada en su momento, afirmó que se revisaría la solicitud de Zambada, pero poco después su gobierno extraditó a 29 capos, entre ellos Rafael Caro Quintero, para quien la Fiscalía estadounidense también contempla pedir la pena de muerte.
El aplazamiento solicitado esta semana podría marcar el inicio de un acuerdo histórico, cuyas implicaciones aún están por definirse, pero que podría sacudir profundamente a la política mexicana si El Mayo decide hablar.