El gobierno de Estados Unidos cuestionó abiertamente la política energética impulsada por la Cuarta Transformación, al considerarla una de las principales barreras a la inversión extranjera, según el informe anual sobre comercio internacional publicado por la Oficina del Representante Comercial (USTR).
El documento fue entregado al presidente Donald Trump y al Congreso en la víspera del anuncio de nuevos aranceles recíprocos, y advierte que las acciones para fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han restringido severamente la participación del sector privado en la industria energética nacional.
“Desde diciembre de 2018, México ha implementado una política energética centrada en restablecer la primacía de su empresa eléctrica estatal y su petrolera estatal”, señala el informe correspondiente a la Estimación Nacional de Comercio (NTE) 2025, el cual identifica obstáculos que afectan las exportaciones estadounidenses en diversos países.
La USTR acusa que empresas privadas enfrentan retrasos, rechazos inexplicables o inacción por parte de autoridades mexicanas al momento de solicitar permisos nuevos o modificaciones en sus operaciones energéticas. Esta situación, añade el reporte, impide su participación efectiva en el mercado mexicano.
El informe también hace referencia a la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en marzo de 2021, que obliga al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a priorizar la electricidad generada por la CFE sobre la de productores privados, sin importar el costo o el impacto ambiental.
Además del sector energético, el reporte incluye señalamientos contra la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) por presuntas barreras regulatorias que afectan la entrada de dispositivos médicos, productos farmacéuticos y químicos agrícolas estadounidenses al mercado mexicano.
Este nuevo posicionamiento se da en el marco del endurecimiento comercial que prepara Trump con su política “Estados Unidos Primero”, lo que incrementa la presión bilateral sobre México en temas clave como el sector energético y la apertura regulatoria.