El tema de los recursos del fideicomiso del Poder Judicial que, por órdenes del gobierno de la 4T, Nafin transfirió a la Tesorería de la Federación, sin notificación previa al Consejo de la Judicatura, es una bomba de tiempo. Son 10 mil millones de pesos que estaban destinados a indemnizar a jueces y magistrados que se negaron a participar la “elección” de juzgadores.
Esos comicios, engañosamente presentados como la “democratización del Poder Judicial”, no tienen más propósito que controlar a jueces, magistrados y ministros. Es decir, gobernar sin contrapesos.
* Movimos nuestras antenas en el Poder Judicial para averiguar si la transferencia de esos recursos se hizo con apego a la Constitución. Transcribo textual la respuesta que obtuvimos:
“En realidad, es una determinación hecha a la medida. Sin embargo, ese capital respalda un enorme número de compromisos que derivan de la propia Constitución, entre otros, las liquidaciones a jueces y magistrados. Al no darnos el presupuesto completo, no hay forma de cubrirlos. Por eso hubo juicios de amparo donde se concedieron suspensiones que ordenaban no transferir ni un solo peso hasta que quedaran garantizados los adeudos. Por tanto, estando debidamente notificada Nafin de ello, no debió disponer su entrega”, puntualizó.
El Senado informó que 845 personas juzgadoras, de un total de 1,699 entre jueces y magistrados, rehusaron participar en esas elecciones. También lo hicieron ocho de los once ministros de la Suprema Corte. La presidenta Claudia Sheinbaum justificó la transferencia a la Tesorería, “principalmente al ISSSTE”, porque los trabajadores del Poder Judicial “usan” ese instituto y son trabajadores del Estado.
También es para beneficios de los maestros y maestras. “El objetivo es que los servicios de salud del ISSSTE puedan mejorar sustantivamente”, dijo la mandataria en una de sus mañaneras. La forma como van a indemnizar a jueces y magistrados que se rehusaron a avalar la desaparición de la autonomía del Poder Judicial sigue siendo un misterio.
* Pasé la Semana Santa en Acapulco. Lunes, martes y miércoles poca gente. Jueves, viernes, sábado y domingo, levantó el turismo nacional. A lo largo de la costera y de la Zona Diamante vi muchas construcciones tal como las dejó Otis. El Hyatt, El Cano y muchos otros hoteles lucen destartalados.
El centro comercial La Isla, situado en Acapulco Diamante, ya no existe. Sólo queda Liverpool y el restaurante Shu de comida japonesa. Otis y John se llevaron todos los establecimientos que había en el entretenido lugar. Ya no hay variedad de comidas, tiendas, cines, casino, música, antros. Una lástima.
Hay vigilancia en la zona turística. Varias veces me topé con vehículos o elementos de la Guardia Nacional; ocasionalmente con patrullas de la policía estatal. No me sentí inseguro ni en la playa ni en la costera ni en ningún lado. Pero una cosa es la zona turística y otra muy distinta las colonias como Ciudad Renacimiento, la Zapata, el barrio histórico.
Por los diarios me enteré, sin embargo, que hubo una veintena de muertos en Acapulco a lo largo de Semana Santa (Enfoque, Diario Informativo Guerrero, 21/IV/25). Todavía ayer se reportaron dos ejecutados en Ciudad Renacimiento, al interior de un taxi colectivo. “El gobierno de Abelina López (alcaldesa morenista de Acapulco) no coadyuva en la estrategia de seguridad”, titula ese diario en su nota principal, basado en declaraciones de Francisco Rodríguez, subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero.
El gobierno de Acapulco sólo tiene 40 patrullas y 300 elementos. Totalmente insuficientes para una localidad de un millón de habitantes.
“Hay policías que ni siquiera están certificados. Se requiere entrarle al fondo del problema para que puedan hacerle frente a este tipo de delitos que lastiman a la sociedad mexicana, a comenzar por las extorsiones”, nos dice el senador del PRI Manuel Añorve, alguna vez alcalde de Acapulco. Agrega: “Esos son los saldos negativos con los que todavía no puede el gobierno y que son herencia de la administración de AMLO”, puntualiza.
Hay un grupo de coordinación para la paz en Acapulco. Su política es reforzar la seguridad pública para cuidar el turismo, nos dicen. En la costera, en la escénica, en Diamante. Allí andan patrullando. “Es por la temporada”, nos dicen.
Pero el asunto es que no están en las colonias donde hay problemas severos. En la Zapata, en Ciudad Renacimiento, en los barrios históricos. Es allí donde están fallando. Algo está pasando que no hay resultados.
