Mientras Morena y sus aliados siguen reformando gran parte de la Constitución y las leyes del país, un nombramiento relevante que ya comienza a sonar en la Cámara de Diputados es el del nuevo auditor Superior de la Federación.
Si bien el actual titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, concluye oficialmente su periodo a finales del 2025, en el Congreso se baraja la posibilidad de sustituirlo antes, o bien por lo menos ir perfilando a su sucesor, que estaría al frente del organismo para el periodo 2026-2034.
Desde su arribo al cargo, en marzo de 2018, el oaxaqueño David Colmenares se ha dedicado a gestionar, con intereses políticos, las revisiones que tiene bajo su responsabilidad. Llegó al puesto con varios compromisos, principalmente con políticos del PRI y del Partido Verde, entre ellos Alejandro “Alito” Moreno y Manuel Velasco.
Sin embargo, los cambios en la política nacional lo obligaron a tener una mayor cercanía con Morena, en especial con liderazgos como Ricardo Monreal, Mario Delgado e Ignacio Mier, aunque nunca dejó de cumplir con quienes lo impulsaron originalmente. Un ejemplo fue el apoyo que le dio a “Alito” durante la confrontación que sostuvo con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, para denunciar presuntas irregularidades de su fiscal Renato Sales.
A Morena, y en especial al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le hizo otros favores. Uno de ellos fue la reducción de 60% del costo por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, además de que se pasaron por alto alrededor de 200 auditorías sobre temas delicados para la administración de AMLO, como los relacionados con la compra de medicamentos para el cáncer infantil.
Para Colmenares el único caso de corrupción grave del sexenio pasado fue el de Segalmex, que dirigía el amigo del expresidente, Ignacio Ovalle, algo que no se podía esconder por el boquete que representaban para el erario irregularidades por 15 mil millones de pesos. Más allá de que el todavía auditor hizo todo lo que pudo para congraciarse con la 4T, en el equipo de Claudia Sheinbaum, y sobre todo en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que lleva Raquel Buenrostro, consideran indispensable un relevo en la ASF.
El asunto es que, mientras en Palacio Nacional están enfocados en otros temas como la compra de medicamentos, la Elección Judicial, los programas sociales y los aranceles de Estados Unidos, en la Cámara de Diputados las huestes de Ricardo Monreal ya van varios pasos adelantados para controlar el órgano encargado de auditar los recursos del Estado.
Hace unas semanas, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que preside el diputado del Partido Verde, Javier Herrera Borunda, designó a José Manuel del Río Virgen, operador de Monreal, como director de Control Interno y Evaluación Técnica de la Unidad de Evaluación y Control de la ASF; también llegaron a esa Unidad, conocida como UEC, otros colaboradores del zacatecano como Nélida Chavero.
Para mayores referencias, la UEC hace las funciones de contraloría externa de la Auditoría Superior; su titular, que actualmente es Ricardo Palma, se elige mediante votación en el pleno del Congreso, pero es bien sabido que desde la posición en la que ahora despacha Del Río Virgen se pueden no sólo controlar los trabajos de esa oficina sino los del órgano total que lleva superficialmente David Colmenares.
La apuesta de Monreal para encabezar la ASF es, sin duda, su amigo y operador por excelencia José Manuel del Río, no obstante, otra “del Río” suena también para tomar las riendas del organismo: se trata de la excomisionada zacatecana del desaparecido INAI, Norma Julieta del Río Venegas.
Posdata 1
Tal cual se expuso aquí ayer, la iniciativa de reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión sacó chispas en el Senado y en toda la industria, no solo porque en muchos sentidos luce como un retroceso y en su redacción atenta contra la libertad de expresión y contra los medios de comunicación electrónicos y digitales, sino porque no se socializó con nadie y apunta a ser aprobada en fast track la próxima semana.
El trasfondo del albazo legislativo que promovió la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que ver con el enojo desatado por los spots antiinmigrantes transmitidos en la televisión mexicana. Por esta razón, expuse ayer, decidió enviar la iniciativa al Senado para que sean Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña los encargados de impulsarla y aprobarla en los próximos días, antes del 1 de mayo. El primero está peleado con casi todos los medios de comunicación y el segundo los utiliza como amplificadores y luego, cuando se arrepiente de lo que dijo, acusa que lo malinterpretaron o tergiversaron lo que dijo. En resumen: ambos odian a los medios y no tienen empacho en pasar una reforma como esta.
La primera parte del trabajo la realizarán ambos senadores, quienes marcan la línea de las votaciones en la Cámara Alta, pero una vez que llegue a la Cámara de Diputados podría ser diferente con Ricardo Monreal, considerado para estos casos como un legislador mucho más pragmático y menos radical, quien seguramente buscará consensos y le dará entrada a los comentarios y puntos de vista de la industria.
Ya se verá de qué tamaño es la presión para Monreal y su batería de legisladores y legisladoras, ya que solamente se requiere de mayoría simple para que la reforma sea aprobada.
Posdata 2
Y hablando de las reacciones del sector, si bien la CIRT prefirió esperar a conocer el alcance de la reforma y apostó al diálogo con los legisladores y el gobierno, el que sí alzó la voz fue el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), que encabeza Gerardo Soria, quien advirtió que la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión “choca” con mandatos constitucionales y contiene conceptos “abiertamente violatorios” al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El IDET también calificó el dictamen aprobado en comisiones del Senado como una “copia” con “‘parches’ mal pensados y estructurados de la reforma peñista del 2014”.
La organización alertó que el “diseño institucional” de la reforma también “deposita solo” en José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), las facultades constitucionales que aún poseen las secretarías de Economía (SE) y Gobernación (Segob) en materia de telecomunicaciones.
“¿Acaso se trata de que los operadores de telecomunicaciones anulen solo en tribunales las nuevas leyes en la materia?”, cuestionó en referencia a las recientes reformas constitucionales que desaparecieron los organismos autónomos.
Asimismo advirtió que “varios artículos sobre la operación y el diseño de la ATDT son abiertamente violatorios del TMEC”, particularmente los relacionados con la independencia del regulador así como la “permisibilidad” que da a diversos concesionarios estatales para que puedan convertirse nuevamente en monopolios.
Posdata 3
A la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que encabeza Facundo Santillán, llegaron los señalamientos por presuntos delitos electorales de los liderazgos de organizaciones como la Unión de Vecinos Benita Galeana y la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores, quienes estarían condicionando a sus integrantes para que el próximo 2 de junio salgan a votar por la autollamada “ministra del pueblo”, Lenia Batres.
Estas dos agrupaciones son identificadas como invasoras de inmuebles y dependen de la voluntad de los funcionarios públicos para regularizar las propiedades en las que llegan a asentarse; también dependen de fallos judiciales, por lo que contar con el favor de una ministra, más si ésta llega a ser presidenta de la Corte, es de mucha utilidad.
El tema inmobiliario no es ajeno a la familia Batres. Su hermano, el actual director del ISSSTE, Martí Batres, está relacionado con las políticas de construcción de vivienda de interés social en la CDMX y en otros puntos del país.
