EL PLEITO POR el control de Dolphin Discovery, el principal operador de acuarios y parques acuáticos de delfines del mundo, sigue escalando: ya traspasó las fronteras y se está convirtiendo en una danza de abogados.
A una semana que una nueva administración encabezada por los accionistas mayoritarios tomó las oficinas corporativas de Cancún, y que horas después fue echada por la fuerza pública, hay varias cosas.
El 14 de abril, la Juez Segunda concursal, Ruth Haggi Huerta, aceptó el desistimiento que pidió Leisure Investments Managment (LIM), que a su vez desconoció a Eduardo Albor, la cara visible de la compañía.
A finales de marzo, los tenedores de 99% de Dolphin: John Olson, Cosmo Investments, Mike Wood, Donna Brewer, AVRA Limitless y Stafford Burrowes, realizaron un acto jurídico en la CDMX.
Con él revocaron la administración de Albor y a sus representantes legales que habían iniciado el concurso mercantil, léase Clyde & Co., que lleva Vicente Bañuelos, y a Santamarina Steta, de Jorge León Orantes.
Dicho acto estuvo encabezado por los bufetes Baker Mckenzie, que dirige aquí Reynaldo Vizcarra-Méndez, y Guerra González Abogados, de Jaime Guerra, quienes también solicitaron el desistimiento.
Los accionistas de Controladora Dolphin, en acta de “Resoluciones Adoptadas fuera de Asamblea” por estar representado 100% del capital social, determinaron cambiar la administración y retirar a Albor.
Simultáneamente, MS Leisure presentó en el Tribunal de Quiebras del distrito de Delaware, Estados Unidos, solicitud para que se permita una reorganización de Dolphin bajo el Chapter 11 de la Ley de Bancarrota.
Al empresario, sus socios estadounidenses, lo acusan de actos irregulares que arrastraron a la compañía a registrar a la fecha deudas por más de 200 millones de dólares con Prudential, MetLife y Cigna.
Designaron en su lugar a Steven Strom, socio de Odinbrook Global Advisor, al tiempo que, en la CDMX, el Juez Décimo de lo Civil, Rodrigo Cortez, les otorgó medidas cautelares, incluidas la toma de oficinas.
El visitador designado por el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, Gerardo Badín, ya había entregado su dictamen de ley del que se concluye que Dolphin califica para acogerse a concurso.
Sin embargo, la jueza Huerta, haciendo alarde de su poder, no dictó la sentencia de concurso mercantil en la etapa de conciliación en los tiempos debidos, complicando todavía más este caso.
El viernes 11 de abril, los accionistas mayoritarios fueron a tomar posesión de las oficinas de Albor, se instalaron unas horas con personal de seguridad propio, pero en la madrugada fueron retirados por la fuerza.
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, les envió una batería de policías estatales, lo que magnificó y visibilizó este pleito por una clara intromisión en un conflicto entre particulares.
¿La razón? Mara trabajó para Albor en sus épocas de comunicadora. LIM y sus abogados mercantiles, Baker Mckenzie y Guerra González, acaban de subir al pleito al penalista José Luis Nassar Daw.
Este litigante tiene enfrente a los abogados de cabecera de la gobernadora, Guillermo Barradas y “El Chino” Roberto García, los mismos penalistas que le trabajan el polémico caso de Aguakan.
No se observa una salida rápida a este expediente: se ve muy muy difícil que el fondo Leisure Investments de Estados Unidos pueda quitarle la operación y administración de Controladora Dolphin a Albor.
Pese y a que sólo tiene un 1% del negocio, ha sido él quien la construyó en más de 30 años: tiene toda la red de promoción y ventas, contactos de proveedores, la experiencia y las relaciones políticas.
De Dolphin depende la vida de más de 250 delfines, 97 pingüinos, 18 manatíes, 45 lobos marinos y 17 focas, amén de otras especies como tiburones, flamingos, mantarrayas y reptiles.
Y no se diga los más de mil 500 empleos en México y mil en el extranjero: eso es lo que está en juego.
PUES CON LA novedad de que el IMSS canceló las mil 400 claves de medicamentos que ya había asignado, dejando embarcados a la industria farmacéutica con inventarios. En un oficio de la dependencia de Zoé Robledo fechado el 15 de abril y dirigido a los representantes legales de los proveedores, se notifica esa decisión, que a su vez se deriva de la orden que dio la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que lleva Raquel Buenrostro. La marcha atrás implica suspender la adquisición de alrededor de 4 mil 639 millones de piezas y la revocación de contratos por la friolera de 326 mil 240 millones de pesos. Le decía que la más afectada es la tapatía PISA, de Carlos Álvarez Bermejillo, que tenía fincadas ya por Birmex 163 claves por un importe de 11 mil 226 millones de pesos. Otros grupos mexicanos tocados son Alternavida de Javier Salazar con 16 claves por 2 mil millones y Novag Infancia de Santiago Bojalil con 27 claves por otros mil 637 millones de pesos. Resulta que estos tres laboratorios están muy cercanos al segundo piso de la 4T y Buenrostro les pasó por encima, sin deberlas ni temerlas.
LA PRÓXIMA CONVENCIÓN Bancaria ya está a la vuelta de la esquina. Será los próximos 8 y 9 de mayo en Punta Mita, Nayarit. El gran tema son los nuevos lineamientos que el sector debe cumplir para combatir el financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero, ahora que el gobierno de Donald Trump designó a seis cárteles mexicanos de drogas como organizaciones terroristas internacionales. Ya le conté que la Asociación de Bancos de México, que preside Julio Carranza, fichó al bufete White & Case para que los asesore en la materia. El socio encargado es Narciso Campos, quien fuera el Jefe de la Oficina del secretario de Hacienda, en ese entonces Luis Videgaray. Pues bien, también apunte que la banca ya está probando la plataforma Veradat que les permitirá intercambiar información sobre operaciones inusuales. Fue desarrollada por un grupo de expertos liderado por el ex BBVA, Arturo Rangel Mandujano.
MACLOVIO YÁÑEZ VILLAGRÁN envió una réplica en la que desmiente formar parte de la red de amigos de Andrés Manuel López Beltrán, como Amílcar Olán. “Esta afirmación resulta falsa y carente de fundamento. El contenido de la nota resulta tendencioso e inexacto y lesiona directamente la reputación comercial del suscrito, afectando mi buen nombre en el ámbito empresarial”. Agrega que la redacción ha derivado en la configuración “de un daño moral en mi perjuicio al tiempo de afectar gravemente mi prestigio en el sector de los hidrocarburos”. Dicho prestigio, señala, es el resultado de décadas de trabajo de excelencia ininterrumpido en apego a los más altos estándares de ética profesional y empresarial.
